Rodrigo González por querella del CDE en caso horas extras: “no quiero suponer que esta acción pueda servir para exculpar a la alcaldesa Reginato de su responsabilidad en estos delitos”

Como un hecho muy satisfactorio recibió el diputado y Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo González, la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado contra tres funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar en calidad de autores del delito de fraude al fisco contemplado en el artículo 239 del Código Penal.

Los imputados son Pablo Staig, Director subrogante de Administración y Finanzas, y Administrador Municipal; Manuel Echeverría, Director del Departamento de Finanzas; y Javier Garrido, funcionario del área de remuneraciones del municipio viñamarino, quienes durante los años 2014 y 2015 defraudaron el patrimonio municipal en al menos 56 millones de pesos por el concepto de horas extraordinarias.

Para el diputado González, quien el año 2018 junto al diputado Daniel Verdessi presentaron una querella por fraude al Fisco por el mal uso de las horas extras, valoró la decisión del Consejo de Defensa del Estado, pero espera pueda ampliarse la investigación ya que son más personas las responsables, partiendo por la alcaldesa “Cabe señalar que hace más de un año presentamos querella por estos delitos ante el Ministerio Público. Por ello nos resulta satisfactorio que el Consejo de Defensa del Estado corrobore nuestra actuación, sin embargo, los responsables son muchos más directores que obedecieron las instrucciones de la Alcaldesa, quien es la única autoridad facultada por la ley para otorgar horas extras”.

Pese a la querella, González espera que la responsabilidad de Virginia Reginato no quede impune, ni que se desvíe la atención con estos tres funcionarios imputados “no quisiéramos suponer que esta acción del CDE tuviera como telón de fondo levantar una cortina de humo, encubrir o exculpar a la Alcaldesa de su responsabilidad en estos delitos, pues ella es la única responsable del desorden, desfinanciamiento y de la apropiación para fines ilícitos y uso privado de recursos públicos que le pertenecen a todos los viñamarinos, y que deberían haber servido para resolver las necesidades de los barrios, los campamento y obras de adelanto en la comuna”.