Opinión: Ciudades y Nueva Constitución

Por Ruggero Cozzi, Abogado y director Instituto Libertad

Una de las causas del estallido social del 18-O es la calidad de vida en los distintos barrios y ciudades del país. Mal que mal, un 89,9% de los chilenos corresponde a población urbana, versus tan sólo un 10,1% de población rural.

El debate se ha limitado por ahora al reconocimiento constitucional del derecho a una vivienda adecuada. Este derecho ya está reconocido en los tratados internacionales vigentes, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11). En un sentido amplio, el derecho a una vivienda adecuada contempla una protección contra el desalojo forzoso, garantías de acceso a servicios básicos (agua potable, instalaciones sanitarias, conexión energética, etc.) y adecuación a estándares mínimos de habitabilidad y ubicación de las viviendas.

Sin embargo, el puro reconocimiento del derecho a la vivienda no va a cambiar por sí mismo la realidad de las más de 800.000 personas que hoy viven en campamentos, tampoco mejorará la seguridad de los barrios, ni disminuirá los tiempos de viaje en el transporte público.

El verdadero cambio requiere definir metas constitucionales en materia de vivienda y ciudad, y junto con ello, poner los incentivos institucionales para que aquellas metas se vaya alcanzando progresivamente en los hechos y en los diversos territorios.

Un ejemplo de incentivos institucionales es el llamado voto programático. Se trata de un mecanismo de participación ciudadana que le exige a los candidatos inscribir el programa que van a ejecutar en caso de resultar electos. Este principio debutará en nuestro país en la próxima elección de gobernadores regionales. Sin embargo, no se aplica a la elección de alcaldes. En cambio, la Constitución de Colombia establece el voto programático como un principio aplicable para alcaldes y gobernadores, y además, dispone que el programa del candidato se transforma en un mandato políticamente controlable a través de un referendo revocatorio.

En la práctica, los ciudadanos votaríamos por un alcalde y gobernador, y además, por el programa del candidato, el cual se transforma en un mandato del electorado, con la posibilidad de destituir a la autoridad incumplidora. Esto incentiva la postulación de candidatos con una determinada visión del territorio que se pretende administrar, y desincentiva la promesas irrealizables.

La nueva Constitución puede aspirar no sólo a garantizar el derecho a la vivienda sino, también, a poner los incentivos para que las autoridades locales ejecuten proyectos de inversión que verdaderamente mejoren la calidad de vida de las ciudades.