El exjefe de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) de la ciudad de La Serena, Patricio Juan Carlos Aguilera Godoy, ha sido condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal a 8 años de presidio efectivo y una multa de $391.821.501 por el delito de evasión tributaria, cometido entre abril de 2014 y octubre de 2017. Dos coautores también fueron condenados por el mismo delito: Gonzalo Alejandro Aguilera Godoy, hermano del acusado principal, recibió una pena de 4 años de presidio y una multa de $92.739.939, mientras que Ángel del Rosario Rivera Chepillo fue condenado a 3 años y un día de presidio y una multa de $40.441.643. Ambos cumplieron los requisitos del artículo 15 de la Ley 18.216, por lo que se sustituyeron las penas privativas de libertad por la de libertad vigilada intensiva.
El tribunal determinó que Patricio Aguilera, actuando como jefe de grupo de fiscalización, utilizó el computador institucional que tenía asignado y manipuló maliciosamente las bases de datos informáticas del SII para modificar y utilizar indebidamente la información tributaria real de varios contribuyentes. El acusado se había concertado con su hermano para obtener devoluciones indebidas de impuestos, que ocasionaron un perjuicio fiscal ascendente a $391.821.501.
Gonzalo Alejandro Aguilera Godoy había reclutado y persuadido al menos a 18 contribuyentes para obtener información que Patricio Aguilera utilizaría en las bases de datos del SII para evadir impuestos. El mecanismo utilizado consistía en declarar créditos originados en supuestos retiros de utilidades desde sociedades en las que los contribuyentes no tenían participación alguna, y luego imputarlos a su impuesto Global Complementario, originando con ello las devoluciones indebidas de impuestos.
Además, entre el 7 de abril de 2014 y el 6 de abril de 2018, Patricio Juan Carlos Aguilera Godoy recibió una serie de depósitos en dinero efectivo en su cuenta corriente del Banco Santander por la suma total de $72.979.221, suma de dinero que carece de justificación económica y que supera considerablemente su nivel de ingresos mensuales como funcionario del SII.
El tribunal también determinó que el acusado había adquirido un inmueble en La Serena en agosto de 2018 por 7400 UF y lo vendió a su cuñado por $110.000.000 en febrero de 2019. También vendió un automóvil a su sobrino en marzo de 2019. El tribunal concluyó que se colmaron los elementos del tipo penal señalado y que el acusado había simulado la existencia de créditos del impuesto de primera categoría para lograr que los contribuyentes figuraran con un saldo a favor en sus respectivas declaraciones de renta de distintos años tributarios.
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