La propuesta de la bancada transversal por el retiro para pagar deudas con fondos de las AFP ha generado una fuerte discusión política y social en Chile. El proyecto, liderado por el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, busca permitir un sexto retiro del 10% de los fondos previsionales para financiar 10 causales específicas, centradas principalmente en el pago de deudas.
El diputado Oyarzo ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es ayudar a la clase media, que ha sido marginada de las ayudas sociales del Estado y enfrenta una difícil situación económica debido a la crisis y la alta tasa de cesantía en el país. Según el parlamentario, el proyecto es responsable y no afectaría tanto la inflación, ya que se basa en la misma idea matriz del Gobierno presentada en el año 2022 y aprobada por el oficialismo.
Entre las urgencias contempladas para hacer el retiro de fondos desde las AFP, se encuentra el pago de deudas hospitalarias, hipotecarias, de gastos básicos y bancarias, así como la posibilidad de aumentar el ahorro para la compra de la primera vivienda y de equipar las casas con implementos de seguridad. Asimismo, el proyecto busca ayudar a personas que necesiten realizar cirugías, que estén cesantes, que deban pensiones alimenticias y a quienes tengan rentas vitalicias.
El diputado y presidente de la comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, ha destacado que la propuesta también apunta a mejorar la situación de la salud en el país, al permitir avanzar en la resolución de las listas de espera tanto quirúrgicas como de especialistas y garantías de oportunidad del GES.
El proyecto cuenta con el respaldo de varios parlamentarios de distintas bancadas, incluyendo a Camila Musante (IND-PPD), Roberto Arroyo (IND), Jorge Durán (RN), Karen Medina (PDG) y Viviana Delgado (Ecologista Verde). Sin embargo, su aprobación aún es incierta, ya que se espera una fuerte oposición por parte del Gobierno y el sector empresarial.
La discusión por el retiro de fondos desde las AFP se ha convertido en un tema recurrente en Chile desde el año 2020, cuando se permitió el primer retiro excepcional de un 10% de los fondos previsionales debido a la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Desde entonces, se han aprobado cinco retiros más, pero su impacto en la economía del país y en la calidad de vida de las personas sigue siendo objeto de debate y controversia.
