Fuerte disputa reglamentaria en la Cámara por el “sexto retiro” y maniobras de La Moneda

Fuerte disputa reglamentaria en la Cámara por el "sexto retiro" y maniobras de La Moneda
 

En una tensa jornada en la Cámara de Diputados, se rechazó nuevamente la idea de legislar sobre las mociones refundidas que permitirían un nuevo retiro de los fondos previsionales, lo que generó una fuerte disputa reglamentaria. A pesar de esto, la discusión está lejos de cerrarse, ya que los defensores de esta medida planean recurrir al Tribunal Constitucional debido a posibles vicios en la tramitación.

Durante la sesión, la diputada Pamela Jiles, una de las promotoras de los giros de ahorros previsionales, acusó que la sesión era ilegal, mientras que el diputado Gonzalo Winter del Frente Amplio respondió calificando la situación como una degradación de la política. La Comisión de Constitución fue convocada de emergencia para intentar resolver el conflicto reglamentario en torno al “sexto retiro”.

El martes, un grupo de legisladores a favor de los retiros previsionales presentó una serie de mociones en este sentido, después de que el gobierno decidiera aplicar “discusión inmediata” al proyecto. La estrategia del gobierno era que el texto fuera rechazado en la comisión y en la Sala de la Cámara, con el objetivo de poner fin al “sexto retiro”.

Sin embargo, la polémica continuó y es probable que las acusaciones presentadas en el Congreso resulten en acciones legales, tanto en el Tribunal Constitucional como en querellas por injurias.

Los diputados argumentaron que las mociones refundidas del retiro reunían nueve iniciativas diferentes, por lo que antes de votar la idea de legislar, era necesario determinar qué propuesta prevalecería en caso de que la Cámara la aprobara en general. Según su interpretación, al tratarse de un proyecto con “discusión inmediata”, la reforma debía votarse tanto en general como en particular al mismo tiempo, de acuerdo al reglamento de la Cámara.

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encabezada por el ministro Álvaro Elizalde, siguió una táctica similar a la utilizada por el gobierno anterior y actual, incluso en el caso del “quinto retiro”. Según esta interpretación, bastaba con incluir todas las mociones en el informe para validar el proceso.

El presidente de la Comisión de Constitución, diputado Raúl Leiva, respaldó la postura de La Moneda, alegando que no se habían violado las normas. Sin embargo, la situación cambió durante una reunión de comités, donde los representantes de las bancadas respaldaron la solicitud de aclaración presentada por Jiles. Esto llevó a que la comisión volviera a sesionar para abordar el tema.

Durante la sesión de la comisión, se propuso enumerar las nueve mociones refundidas y considerarlas como parte del articulado de la reforma que se votaría en la Sala. Esta propuesta fue interpretada como una validación de las acusaciones de irregularidades en la tramitación. A pesar de que el presidente de la comisión logró imponer nuevamente su criterio, las críticas hacia su persona y hacia el gobierno se intensificaron.

La controversia también alcanzó al secretario de la comisión, el abogado Patricio Velásquez, quien fue acusado por algunos diputados oficialistas de actuar bajo influencias y validar un informe con errores reglamentarios. Las acusaciones fueron consideradas graves por el presidente de la comisión, y se ordenó realizar una investigación para esclarecer los hechos.

Las tensiones se trasladaron posteriormente a la sesión en la sala, donde el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, también enfrentó acusaciones de irregularidades en la tramitación. Se aplicaron sanciones y amonestaciones, y la mesa de la Cámara respaldó al secretario de la Comisión de Constitución, al mismo tiempo que se anunció una investigación para aclarar las denuncias.

Ante estas disputas reglamentarias, algunos diputados amenazaron con presentar un reclamo ante el Tribunal Constitucional por las posibles irregularidades en la tramitación.

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