La Cámara de Diputados de Chile aprobó por unanimidad un proyecto de ley que aumenta las penas para los delitos económicos y contra el medio ambiente, incluyendo los llamados «delitos de cuello y corbata». La iniciativa establece cuatro categorías de delitos económicos y amplía la responsabilidad penal de las empresas y personas jurídicas religiosas, partidos políticos y universidades del Estado en delitos medioambientales.
El Ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó esta reforma como «probablemente la más significativa al Código Penal de 1874 que tenemos hasta hoy», y destacó su importancia para combatir la impunidad económica y tratar de forma distinta la criminalidad económica de la criminalidad común. La ley también establece un nuevo sistema de «días-multa», que establece una sanción económica proporcional a la gravedad del delito y se calcula a partir del ingreso promedio diario del condenado.
La iniciativa comenzó como una moción parlamentaria transversal de diputados de todas las bancadas en enero de 2020, pocos meses después del inicio del estallido social, y fue aprobada con el apoyo de todos los partidos políticos. Los parlamentarios destacaron la incorporación de la responsabilidad penal de las empresas y un nuevo catálogo de delitos ambientales en un contexto de urgencia ambiental. La ley ahora debe ser promulgada por el Presidente de la República antes de entrar en vigencia.
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