En el Senado, se debate el proyecto de Ley de Inteligencia Económica contra el delito, presentado por el Gobierno. Este proyecto propone la creación de unidades de inteligencia, levantar el secreto bancario en casos de sospecha de delitos, y una mayor fiscalización del comercio exterior.
Es urgente tramitar este proyecto para garantizar transparencia y rastreo efectivo en las transacciones financieras, dificultando así a los criminales ocultar sus ganancias y facilitando su captura y encarcelamiento.
