La investigación en torno a la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años que se le perdió todo rastro el pasado 12 de mayo de 2024 al interior del Fundo Las Tórtolas, sufrió un giro significativo esta semana debido a que el tribunal de Limache acogió la solicitud de la defensa y formalizó a Mónica Kleinert, dueña del fundo, como imputada por el presunto delito de obstrucción a la justicia, lo que permitirá a sus abogados acceder íntegramente a los antecedentes de la causa.
La imputación se vincula a irregularidades detectadas en la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto, solicitadas por la Policía de Investigaciones (PDI) tras la desaparición de Ercira. Peritajes habrían determinado que no se aportaron las 24 horas completas de registro audiovisual requeridas, pese a que existe un acta firmada por la propietaria del fundo que acreditaba dicha entrega, lo que ha generado cuestionamientos sobre la cadena de custodia de la evidencia y posibles falsificaciones.
La familia de María Ercira, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez, ha señalado que estas inconsistencias habrían afectado el curso de las diligencias iniciales y solicitado que un equipo policial sin sesgos previos se haga cargo de las pericias. Además, se espera que en los próximos días se reanuden las labores de búsqueda en sectores del fundo que podrían no haber sido inspeccionados en profundidad durante las primeras investigaciones, mientras la arista de obstrucción a la justicia continúa abierta y en desarrollo.
