Un informe publicado por Contraloría el 27 de febrero afirmó que aproximadamente el 70% de las municipalidades a lo largo del país habrían emitido licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos, por lo que esta ley 21.389 se estaría infringiendo.
Todo esto sucedió entre noviembre del 2022 a diciembre de año 2024, según los datos entregados por la Contraloría, 3.432 deudores de pensión alimenticia renovaron sus licencias de conducir. Entre ellos, 65 funcionarios municipales y un concejal, que se mantenían en el Registros de Deudores de Pensión de Alimentos y lograron renovar el documento en el mismo municipio donde trabajaban. Junto con esto, 482 deudores que obtuvieron la renovación lo lograron por ser familiares de funcionarios municipales.
Además, el cuarto informe del Consolidado de Información Circularizada (CIC) reveló que 243 de las 345 municipalidades del país habrían otorgado o renovado un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores, quienes adeudan la pensión de 4.706 alimentarios, acumulando un monto total de $17.473.007.109.
Entre las comunas que se destacan son Antofagasta, La Granja, Lo Espejo, La Serena, Punta Arenas y Arica.
Cabe destacar que en el año 2021 entró en vigencia la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia. Un año después, el congreso aprobó la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Todo esto, con el objetivo de fiscalizar y garantizar el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias.
Además la Contraloría General de la República aclaró que en caso de incumplimiento de la normativa, estos funcionarios incurren en una responsabilidad disciplinaria, que puede ser sancionada con una multa equivalente al 10% y hasta el 50% de su remuneración.
