El 5 de junio de 2024, dos cuerpos fueron encontrados en un terreno baldío en Lampa. Ambos, con más de seis heridas de bala en cabeza y torso, eran testigos protegidos del Ministerio Público.
Una vecina describió los hechos: «Los bajaron, los dejaron correr y les dispararon rápidamente. La sangre en el lugar confirma que los mataron ahí mismo», señaló en T13.
Las víctimas, Junior y Klivert, eran jóvenes venezolanos que colaboraban con la fiscalía en una investigación de crimen organizado.
Alicia Díaz, jefa de la División de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, comentó que no pueden revelar detalles sobre las medidas de protección y la falla en su seguridad debido a la naturaleza confidencial de estos casos.
Un caso similar ocurrió en Ovalle, donde una joven testigo fue asesinada por su cooperación con la justicia. A pesar de esto, el Ministerio Público asegura que estos casos son excepcionales. En 2023, más de 13 mil testigos recibieron protección sin fallecimientos reportados.
El presupuesto del Ministerio Público destina cerca de 5.500 millones de pesos anuales a la protección de víctimas y testigos, con una media de 420.000 pesos por persona, lo que podría ser insuficiente para medidas más amplias como la reubicación de testigos y sus familias.
