• Especialista en maltrato y abuso sexual infantil, Bárbara Córdova, aseguró que en el organismo estatal existe una vulneración permanente de los derechos básicos de los menores de edad.
El reciente caso de la situación de un menor de edad alojado en la Residencia Familiar Carlos Antúnez, ubicada en la comuna de Providencia, en Santiago, y dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename), puso nuevamente en la mira los protocolos que tiene el organismo estatal.
Y más allá de las investigaciones solicitadas por las autoridades y el cuestionamiento realizado por Unicef Chile, la fundadora de Derecho para Todos y especialista en maltrato y abuso sexual infantil, Bárbara Córdova, aseguró que, en el Sename, existe una “vulneración permanente de los derechos básicos de los infantes y adolecentes”.
Córdova –quien va como candidata independiente a constituyente en el distrito 7 por la lista Soberanía Ciudadana- sustentó sus cuestionamientos, entre otros antecedentes, en un informe de Ciper de diciembre de 2018 y del “Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores”, el cual cuenta con 232 páginas e información recopilada, a nivel nacional, materializada entre los meses de marzo y junio del año 2018.
La especialista afirmó que se logró establecer que “del total de centros residenciales del país, el 92.1% de ellos no cumple con los estándares mínimos exigidos por Sename para su funcionamiento, lo cual no asegura un funcionamiento óptimo ni adecuado”.
“Además, en el 88.3% de las residencias donde se levantó información, existe algún tipo de vulneración contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA)”, agregó.
La fundadora de Derecho para Todos indicó que “un número importante de centros funciona sin contar con los protocolos mínimos establecidos por Sename para el funcionamiento residencia, así como tampoco con personal informado respecto de su contenido, generando espacios de alto riesgo para los NNA frente eventos críticos”.
PROPUESTAS
En cuanto a cómo conseguir un cambio real para revertir este oscuro escenario que viven infantes y adolescentes en nuestro país, Córdova señaló que la nueva Constitución será fundamental para garantizar los derechos de los NNA y, por tanto, la importancia de que los constituyentes tengan en el centro esta preocupación.
En este sentido, Córdova propone que, en la futura carta magna, quede plasmada “una nueva institucionalidad que cumpla a cabalidad con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, eliminando el sistema de subvención por niño, niña y adolescente, y que Chile adecue su legislación al mismo cuerpo legal aludido”.
Finalmente, la especialista afirmó que se debe partir “por la aprobación, promulgación y publicación de “La ley garantías de los derechos de la niñez”; que se reconozcan, en la nueva Constitución, la infancia y adolescencia, pero que, además, se establezca un sistema de garantías explícitas a su favor para dar debida efectividad a tales mandatos normativos, ya que no basta con hacer un reconocimiento general a los derechos fundamentales de los niños sin reconocer, a su vez, los instrumentos concretos para hacerlos exigibles. Por otro lado, que se establezca el interés superior del niño como principio y se reconozca a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, entre otras, medidas”.
