Una detective de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra en una disputa legal con la institución después de negarse a abandonar la escuela de la PDI en la que ha vivido junto a su familia durante más de tres años. A pesar de haber sido aceptada en el lugar tras resultar herida durante un procedimiento en 2019, la policía civil sostiene que se trató de una medida temporal.
La PDI tuvo que dar explicaciones ante la Corte de Apelaciones de Santiago sobre por qué una funcionaria lleva tres años residiendo en la Escuela de Investigaciones «Presidente Arturo Alessandri Palma».
Según informa La Segunda, todo comenzó durante el estallido social, cuando la detective Danitza Araya sufrió graves lesiones que la dejaron en silla de ruedas. Esto llevó a una orden verbal del entonces director general de la PDI, Héctor Espinosa, para que la detective se recuperara en el interior de la escuela de investigaciones.
Sin embargo, después de tres años, Araya se niega a abandonar el lugar y ha presentado un recurso de protección por presuntos actos intimidatorios que habría sufrido. La historia se remonta al 21 de octubre de 2019, cuando la detective fue atropellada y recibió un disparo durante un procedimiento en Pudahuel.
Se le ofreció residir en la escuela como una circunstancia transitoria y temporal, según consta en el escrito de 31 páginas presentado por la PDI. Araya tenía su residencia en la comuna de Rengo, región de O’Higgins, y debía someterse a tratamiento en la Mutual de Seguridad de Santiago debido a sus lesiones.
La funcionaria afirma haber sufrido una serie de acciones intimidatorias por parte de otros miembros de la institución. También asegura haber tenido problemas para asistir a un centro médico privado, la Clínica MEDS, para continuar su tratamiento kinesiológico.
A pesar de ello, la PDI afirma haber realizado pagos por servicios médicos en beneficio de la recurrente, que superan los $198 millones.
La PDI acondicionó dos inmuebles en Santiago Centro para trasladar a Araya y su familia, lo que habría implicado un desembolso de $32 millones. Estas remodelaciones incluyeron la instalación de camas, armarios, mesa de comedor, sillas, sofás y mesas de centro, entre otros elementos.
En una reunión entre la detective y su superior directo, se le habría solicitado que devolviera las dependencias fiscales, ya que su ocupación era solo temporal. Durante la reunión, la familia habría manifestado su negativa a trasladarse y exigieron un inmueble en una comuna del sector oriente de la capital. El abogado de Araya argumentó que la PDI tiene departamentos fiscales adecuados y ubicados en sectores que brindan seguridad acorde a la condición de su representada como oficial de la Policía de Investigaciones, herida en acto de servicio.
