La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía presentó una acusación formal contra el diputado Mauricio Ojeda, solicitando una pena de 19 años de prisión por su presunta participación en los delitos de cohecho, fraude al fisco y soborno. El parlamentario, elegido en un cupo del Partido Republicano, actualmente se encuentra en prisión preventiva tras ser desaforado y formalizado en el contexto del denominado Caso Manicure, una de las vertientes del Caso Convenios que ha sacudido a la región.
El fiscal adjunto Carlos Cornejo confirmó el cierre de la investigación y la presentación del escrito de acusación, destacando que esperan la pronta fijación de la audiencia de preparación de juicio oral para continuar con el proceso judicial. Según Cornejo, la solicitud de pena alcanza los 19 años de cárcel, basándose en la gravedad de los hechos investigados.
Ojeda fue puesto en prisión preventiva el 3 de enero de 2024 por el Juzgado de Garantía de Temuco, tras ser vinculado con la entrega irregular de fondos públicos del Gobierno Regional de La Araucanía a la Fundación Folab, dirigida por los hermanos Rinnet y Juvenal Ortiz, amigos personales del parlamentario. La suma comprometida en este caso asciende a 730 millones de pesos.
La vinculación de Ojeda con el Caso Manicure salió a la luz en abril de 2024, cuando el fiscal regional Roberto Garrido lo mencionó durante la formalización de los hermanos Ortiz. Garrido sostuvo que el diputado, aprovechando su cargo público, intervino ante el Gobierno Regional para facilitar la obtención de fondos públicos a favor de la Fundación Folab, tras conocer las dificultades económicas que enfrentaba Rinnet Ortiz.
De acuerdo con la Fiscalía, Ojeda no solo habría prestado cerca de 40 millones de pesos a Ortiz, sino que también habría realizado gestiones con el Gobierno Regional para asegurar financiamiento a la fundación. Durante los meses de junio a septiembre de 2022, el diputado habría contactado al jefe de gabinete del Gobierno Regional, Juan Pablo Leonelli Lepin, para presentar las actividades de Folab y su cercanía con su directora.
Posteriormente, Leonelli proporcionó a Ortiz detalles sobre posibles cursos financiables por el Gobierno Regional, sugiriendo que los programas no superaran las 5.000 UTM para facilitar su aprobación sin pasar por el Consejo Regional. También se mencionó que Ortiz envió las propuestas por adelantado a Leonelli para su revisión previa al ingreso formal en el sistema, según reveló la Fiscalía.
Finalmente, se espera que el tribunal determine la fecha para el inicio del juicio oral que definirá el futuro judicial de Mauricio Ojeda.
