Contraloría detectó mal uso de recursos públicos en relación a $931 millones de pesos en subvenciones de la Cormuval. Hoy, el Alcalde Jorge Sharp respondió a las críticas en medio de versiones cruzadas y presuntos delitos vinculados al trabajo adolescente concretado en el Liceo Técnico Valparaíso y María Luisa Bombal.
Son 31 las anomalías, y diez de ellas consideradas gravísimas y altamente complejas (AC), las que identificó la Contraloría Regional de la República en el informe que salió a la luz recientemente y golpea al Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, amenazándolo incluso con una posible destitución por «notable abandono de deberes», la cual sería impulsada por los opositores a su actual gestión municipal.
En ese sentido, fue el parlamentario oficialista, Osvaldo Urrutia (UDI), quien cuestionó esta mañana al municipio, señalando a El Mercurio de Valparaíso que «es realmente grave que se detecten millonarios pagos sin justificación alguna, boletas ideológicamente falsas y un sinnúmero de irregularidades que deben ser investigadas por el Ministerio Público, para saber a ciencia cierta si existen delitos en estos hechos».
Autocrítica, dardos al pasado y acusación de «chivo expiatorio»
Haciendo un «mea culpa», el jefe comunal porteño anunció por sus redes sociales una serie de reuniones con el Contralor General de la República, la Defensoría de la Niñez y la Fiscalía Regional para poner todos los antecedentes a disposición y corregir las faltas detectadas por el organismo fiscalizador, además de solicitar la renuncia de la directora de Educación municipal, Silvana Sáez, quien luego de la vocería del Alcalde explicó en un comunicado público su decisión de no renunciar.
«Mantengo tanto un compromiso con la defensa y fortalecimiento de la educación pública en Valparaíso como con la probidad y la transparencia en la gestión», declaró Sáez, agregando que «la decisión del Alcalde se trata más bien de una medida política apresurada, en la cual se me utiliza como chivo expiatorio para dar respuesta a la presión política que desde distintos campos se ha puesto sobre él y sus equipos de confianza, exponiéndome a mi como responsable y ocultando la eventual responsabilidad de otras personas».
Así las cosas, la directora del área de Educación con más de 17 años de trabajo en la Corporación informó que iniciará las acciones legales correspondientes «tanto para defender mis derechos laborales, como para esclarecer mi responsabilidad en los hechos evidenciados por la Contraloría».
«Pondré a disposición de cualquier ente investigador que lo solicite todos los antecedentes que manejo, tal como lo hice en el proceso de investigación de la Contraloría, con el fin de contribuir a que se responsabilice a quienes corresponda y se tomen las acciones correctivas necesarias para proteger la educación pública porteña», concluyó Sáez en su declaración pública.
En otra materia, durante la transmisión en vivo, Sharp aclaró que «los 931 millones de pesos no se fueron para la casa», pues se habrían pagado en sueldos. También, señaló que «la gente nos dijo no se deje chantajear, juéguesela por Valparaíso y es lo que estamos haciendo», haciendo alusión tanto al aumento de sueldos de funcionarios de salud como a la apertura de farmacias , ópticas y otras medidas populares que ha implementado en la ciudad.
Asimismo, el edil porteño lanzó dardos a quienes quieren llevarlo a instancias mayores para destituirlo de su cargo. «Yo les digo, no se pasen de listos», afirmó, aseverando que quienes lo acusan son los mismos que perpetuaron una política institucional que llevó a la ciudad a cómo está ahora.
«Recibimos una Institución moribunda», puntualizó Sharp.
Respuesta a la «explotación infantil»
“Valoramos, rescatamos, agradecemos el trabajo de la Contraloría y lo que vamos a hacer es solicitar a don Jorge Bermúdez una reunión para poner a su disposición más antecedentes, indicar cuáles son las medidas que vamos a tomar, y también escuchar las sugerencias que nos puedan hacer a partir de este informe. Lo mismo vamos a hacer con la Defensoría de la Niñez”, aseguró el alcalde Sharp, quien a su vez aclaró uno de los puntos más sensibles del informe, el que se refiere a las prácticas y trabajo adolescente.
“El informe de la Contraloría indica que a los jóvenes se les remuneraba por el ejercicio de sus prácticas, se les pagaba entre 2 y 20 mil pesos, y quizás si eso era tolerable antes, la Contraloría señala que está mal y que hay que corregirlo. Una práctica profesional está regulada por ley y si esos requisitos no se cumplen hay una infracción de la ley», sostuvo.
Sobre lo mismo, el jefe comunal porteño agregó que «el trabajo de un menor de 18 años, o de un adolescente está regulado por ley y tiene que tener autorización de los padres. Entonces queremos profundizar si eso se está haciendo de buena forma, y en ese punto la Contraloría dice que hay que investigar y es lo que nosotros vamos a hacer”.
De esta forma, el complejo caso que golpea la actual administración del Alcalde Jorge Sharp fue derivado a la Defensoría de la Niñez, SII y Fiscalía por «presuntos delitos» que deberán ser investigados. Por su parte, desde la municipalidad señalaron su disposición a cooperar en los procedimientos investigativos correspondientes.
