La Federación Regional de Funcionarios de los Servicios de Salud Valparaíso-San Antonio emitió un comunicado en el que denunció la destitución de Ilse Quezada Ponce, dirigente sindical del Hospital San José de Casablanca. Según la organización, la medida es injusta y desproporcionada, y está vinculada a lo que califican como una persecución contra el movimiento sindical.
La federación sostiene que la destitución de Quezada Ponce es el resultado de una investigación que carece de fundamentos sólidos y que busca acallar las demandas laborales de los trabajadores, las cuales afirman han sido ignoradas por las autoridades. En su comunicado, la federación recordó que los derechos de organización y manifestación están protegidos por la Constitución Política de Chile y por acuerdos internacionales suscritos por el país.
En relación con este caso, el diputado Andrés Celis (RN) expresó su preocupación, afirmando que «la destitución de Ilse Quezada Ponce y las acciones de Cristian Gálvez reflejan una preocupante tendencia hacia la persecución política en el servicio público. Es inaceptable que se utilice la afinidad política como una herramienta para silenciar y excluir a quienes piensan diferente. Esto no solo atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores, sino que socava los principios básicos de una democracia. Es fundamental garantizar que se respeten los derechos laborales y que se ponga fin a cualquier práctica de persecución ideológica en el Hospital San José de Casablanca.»
Por su parte, Ilse Quezada Ponce del dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios FENATS Hospital San José de Casablanca manifestó que, “es inconcebible que en un ambiente de servicio público como este hospital se promueva la exclusión de voces disidentes bajo el pretexto de afinidades políticas”.
El comunicado de la federación también expresó el rechazo hacia lo que califican como prácticas antisindicales, señalando que no solo afectan a la dirigente involucrada, sino que también representan una amenaza para todo el movimiento gremial. La federación advirtió que este tipo de situaciones podrían repetirse contra otros dirigentes o trabajadores que denuncien irregularidades en el ámbito laboral.
El caso de Ilse Quezada Ponce, según la federación, pone en riesgo el derecho de los trabajadores a expresar sus demandas sin temor a represalias y subraya la importancia de garantizar la transparencia y la justicia en el sector salud.
