La Asociación de Profesionales del Hospital del Salvador denunció un eventual incumplimiento de un dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso, en el marco de un caso de acoso laboral que involucra a una funcionaria protegida por el Estatuto Administrativo.
Según expuso la Confedeprus Hospital del Salvador, el órgano contralor instruyó dejar sin efecto cualquier medida que implicara modificar funciones, trasladar o rebajar el grado de la trabajadora mientras se desarrolle el sumario y hasta 90 días después de finalizado. No obstante, acusan que la dirección del recinto habría insistido en decisiones contrarias a esa orden.
Frente a estos antecedentes, el diputado Andrés Celis advirtió que “si los antecedentes que se han dado, son efectivos, claramente aquí podrían existir incumplimiento que deben ser investigados”, poniendo énfasis en la necesidad de esclarecer si efectivamente hubo desacato a lo instruido por la Contraloría.
En esa línea, el parlamentario recordó que el organismo fiscalizador “habría sido categórico al señalar que no podían modificarse funciones, trasladar o rebajar de grado a una funcionaria protegida”, agregando que insistir en ese tipo de decisiones no solo abre un cuestionamiento legal, sino también institucional. De hecho, sostuvo que persistir en dichas acciones “no sólo sería jurídicamente cuestionable, sino también profundamente irresponsable desde el punto de vista institucional”.
Celis también apuntó a eventuales consecuencias, señalando que podrían configurarse responsabilidades administrativas e incluso políticas, subrayando que los organismos públicos no pueden tratar los dictámenes de Contraloría como sugerencias. En ese contexto, enfatizó que, tratándose de denuncias de acoso laboral, el estándar de cumplimiento debe ser especialmente estricto para evitar posibles represalias encubiertas.
Asimismo, anunció eventuales acciones de fiscalización. “Se oficiará a la Contraloría General de la República para conocer el estado de cumplimiento de las instrucciones impartidas”, indicó, junto con precisar que también se solicitarán antecedentes al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y al Ministerio de Salud, buscando esclarecer lo ocurrido.
El diputado advirtió además un problema de fondo en el sector público, donde —según planteó— muchos funcionarios temen denunciar por posibles represalias, traslados o aislamiento laboral. En esa línea, llamó a avanzar en normas más estrictas de protección al denunciante y en sanciones efectivas frente a irregularidades.
Finalmente, fue enfático en la gravedad del caso: “lo que está ocurriendo en el hospital de El Salvador es gravísimo”, señalando que no se trataría solo de un conflicto administrativo interno, sino de un eventual desacato a un pronunciamiento expreso del ente contralor, lo que pone en cuestión el respeto a las garantías básicas de los funcionarios públicos.
Por su parte, desde el gremio reiteraron que este tipo de situaciones no solo afecta a la funcionaria involucrada, sino que también debilita la confianza en los mecanismos institucionales de protección frente al acoso laboral, reafirmando su compromiso con la defensa de ambientes laborales seguros y libres de represalias.
