La Comisión de Educación del Congreso ha dado un paso significativo en la votación del proyecto de ley que busca establecer un sistema de protección para los estudiantes de educación superior que requieren cuidados específicos en su salud mental (boletín 16428). La iniciativa, que ha avanzado en su tramitación, pone énfasis en la creación de un entorno académico más inclusivo y consciente de las necesidades de estos estudiantes.
Durante la sesión, la comisión discutió la elaboración y actualización de los planes plurianuales que promueven la convivencia, el buen trato y el bienestar en las instituciones de educación superior. Estos planes deberán ser revisados cada tres años en el caso de las universidades, cada cuatro años para los institutos profesionales y cada seis años para los centros de formación técnica. Un aspecto clave es la inclusión de la participación consultiva de todos los estamentos de la comunidad académica, asegurando que los mecanismos de elección de representantes sean legítimos y respetados.
El proyecto también aborda de manera específica la situación de los estudiantes que requieren cuidados en su salud mental. Según la propuesta, aquellos estudiantes que, según la recomendación de un médico cirujano, neurólogo, psiquiatra o psicólogo, necesiten medidas de flexibilidad académica debido a su condición clínica, podrán acceder a este beneficio tras acreditarlo ante la Unidad de Bienestar de su institución.
En este sentido, el proyecto establece que las instituciones de educación superior no podrán discriminar de manera arbitraria en procesos como el ingreso, la permanencia, el egreso, la licenciatura o la titulación de estudiantes que requieran cuidados en su salud mental. No obstante, se aclara que someter a estos estudiantes a los instrumentos de evaluación académica correspondientes no se considerará una forma de discriminación.
Asimismo, si un estudiante solicita cuidados especiales, sus profesores deberán ser notificados, respetando en todo momento la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Además, se contempla el derecho a medidas de flexibilización académica, las cuales serán acordadas entre el estudiante y la institución, garantizando la calidad de la formación académica.
El plazo para resolver estas solicitudes será de diez días hábiles, y si no se recibe respuesta en ese tiempo, la solicitud se considerará aceptada automáticamente.
Durante la sesión, la comisión rechazó la propuesta de incluir una semana de receso y las modificaciones al calendario académico que el proyecto original sugería. La Comisión de Educación continuará debatiendo esta normativa en su próxima reunión, con la esperanza de lograr un consenso que permita avanzar en la protección de los estudiantes con necesidades de salud mental en el país.
