Una denuncia por eventuales faltas al principio de probidad administrativa fue presentada ante la Contraloría General de la República en relación con tres licitaciones públicas realizadas por el Serviu Valparaíso durante 2024, las cuales estaban destinadas a apoyar el proceso de reconstrucción luego del megaincendio que afectó a la región los días 2 y 3 de febrero de ese año.
De acuerdo con lo señalado por La Estrella de Valparaíso, las licitaciones —identificadas como LP 103, LP 111 y LP 112— buscaban contratar servicios de asistencia técnica, social y legal para acompañar a familias damnificadas en el desarrollo de proyectos habitacionales bajo la modalidad de autoconstrucción asistida. Este mecanismo estaba dirigido principalmente a propietarios que recibieron subsidios habitacionales de los programas DS49 y DS01.
No obstante, en el documento se plantea que durante el desarrollo de estos procesos habrían existido problemas de planificación y control. En ese contexto, se indica que dos de las licitaciones fueron terminadas anticipadamente por mutuo acuerdo, luego de detectarse que parte de las familias consideradas en el proyecto ya contaban con apoyo de otras asistencias técnicas. Según se señala en la denuncia, esto habría permitido avanzar en un proceso que contemplaba atención para cerca de 100 familias que ya estaban siendo asesoradas por otras vías.
Asimismo, se cuestiona el bajo nivel de ejecución de los contratos. Aunque estos se mantuvieron vigentes por más de un año —entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025—, el avance financiero habría alcanzado solo cerca de un 7% y un 10% en los casos observados. A lo anterior se suma que, según la denuncia, no se habrían aplicado sanciones o multas pese a la escasa ejecución de los servicios comprometidos.
La acción también solicita que se determinen posibles responsabilidades administrativas de una funcionaria del Serviu Valparaíso que, al momento de los hechos, encabezaba la contraparte técnica de los contratos y además ejercía como jefa subrogante del proceso de reconstrucción.
Consultado por este caso, el Serviu Valparaíso declinó referirse a la denuncia, señalando que el tema actualmente está siendo revisado por la Contraloría.
Desde organizaciones de personas afectadas por el megaincendio también se manifestaron sobre la situación. La presidenta de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio 2 y 3 de Febrero de 2024, Amanda Guerra, afirmó al mismo medio antes mencionado que es necesario aclarar lo ocurrido y establecer responsabilidades en la gestión de los contratos vinculados al proceso de reconstrucción.
En la misma línea, representantes de agrupaciones de damnificados y abogados que han trabajado en causas relacionadas con el incendio señalaron que las denuncias deben investigarse con transparencia, con el fin de determinar eventuales fallas en la administración de los proyectos destinados a recuperar viviendas para las familias afectadas.
