Una grave denuncia por eventual tráfico de influencias en el sistema de salud de la región de Valparaíso comenzó a generar fuertes repercusiones, en medio del complejo escenario que enfrenta el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota-Petorca (SSVQP) tras la salida de su directora, Andrea Quiero Gelmi, a quien se le solicitó la renuncia por pérdida de confianza.
De acuerdo con antecedentes difundidos por fuentes vinculadas al sector, dirigentes gremiales habrían sostenido reuniones privadas —incluyendo almuerzos— con la ex ministra de Salud, Ximena Aguilera, y parte de su equipo cercano, con el objetivo de influir en decisiones estratégicas relacionadas con nombramientos de altos cargos dentro de la red asistencial.
En ese contexto, se menciona la participación de representantes de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, particularmente de los servicios de salud de Viña del Mar–Quillota y Valparaíso–San Antonio. Según la denuncia, estas instancias habrían sido utilizadas para “pautear” designaciones, lo que, de confirmarse, podría vulnerar principios clave como la transparencia, el mérito y la probidad en el sistema de Alta Dirección Pública. Incluso, se advierte que algunos cargos habrían sido asignados a personas cercanas o familiares de dirigentes, sin mediar concursos.
Asimismo, se apunta a que tras la salida de directivos y desvinculaciones recientes, se habrían otorgado incrementos salariales por concepto de funciones críticas a profesionales vinculados a dirigencias gremiales, con remuneraciones que superarían el millón de pesos, lo que abre cuestionamientos sobre los criterios utilizados.
Otro elemento que genera preocupación es la eventual creación de nuevas asociaciones gremiales con vínculos políticos, con el objetivo de mantener influencia dentro del sistema y resguardar posiciones ante cambios de gobierno, utilizando herramientas como el fuero gremial.
Cabe señalar que, este nuevo antecedente surge en paralelo a la investigación que lleva adelante la Contraloría Regional de Valparaíso por presuntas irregularidades en el SSVQ, donde se indaga una eventual manipulación de concursos públicos y designaciones en cargos estratégicos, situación que ya derivó en la salida de la exdirectora.
De comprobarse estos hechos, podrían configurarse faltas graves a la probidad administrativa e incluso eventuales infracciones a la normativa que regula el acceso a cargos públicos. El caso ya comienza a escalar, mientras distintos sectores exigen mayor transparencia y el esclarecimiento de posibles responsabilidades en un sistema que hoy enfrenta alta presión por listas de espera y déficit de personal.
