El alcalde Jorge Jil informó la apertura de un sumario administrativo y pidió a Contraloría revisar contratos y pagos efectuados desde 2024. Las medidas fueron anunciadas luego de que el diputado Javier Olivares denunciara ante Fiscalía eventuales irregularidades que podrían configurar un fraude al Fisco.
Una investigación especial solicitada a la Contraloría Regional de Valparaíso y un sumario administrativo interno se encuentran en curso en la Municipalidad de Olmué, luego de que surgieran antecedentes relacionados con pagos a un proveedor y procesos de contratación realizados por el municipio.
Según informó el alcalde Jorge Jil, el municipio recibió el viernes 14 de agosto una denuncia por eventuales irregularidades en pagos y en la supervisión de determinadas prestaciones. A partir de esos antecedentes, la autoridad comunal aseguró que instruyó ese mismo día la apertura de un procedimiento administrativo.
Como parte de las primeras diligencias, el fiscal a cargo del sumario determinó suspender de sus funciones al funcionario involucrado. Además, durante esta semana deberá prestar declaración, mientras que el proveedor mencionado en la denuncia también será citado para entregar su versión de los hechos.
En paralelo, Jil recurrió a la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar una investigación especial que permita revisar los pagos efectuados al proveedor desde 2024, además de los procesos de licitación mediante los cuales obtuvo contratos con el municipio.
Estas acciones se conocieron luego de que el diputado Javier Olivares (PDG) acudiera a la Fiscalía de Limache con antecedentes que, según planteó, podrían dar cuenta de un eventual fraude al Fisco por un monto superior a los $131 millones.
La documentación presentada por el parlamentario contempla, entre otros elementos, comprobantes bancarios, contratos y órdenes de compra municipales. De acuerdo con la hipótesis expuesta en la denuncia, existiría un mecanismo mediante el cual un contratista habría entregado recursos que posteriormente serían restituidos mediante contratos y adquisiciones efectuadas por el municipio.
Asimismo, Olivares pidió al Ministerio Público revisar distintos procesos de licitación correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026. En particular, busca determinar si existió un eventual direccionamiento de estas adjudicaciones y establecer posibles responsabilidades de funcionarios municipales, incluyendo al alcalde Jorge Jil.
El diputado sostuvo que la presentación forma parte de su labor fiscalizadora y que será la investigación del Ministerio Público la que deberá determinar si los antecedentes corresponden a irregularidades administrativas o a hechos que puedan constituir delitos.
Frente a este escenario, Jil aseguró que su administración no adoptará una postura de protección frente a eventuales irregularidades y afirmó que se tomarán las medidas correspondientes si las investigaciones confirman algún uso indebido de recursos públicos.
“No vamos a encubrir ni proteger a nadie”, señaló el alcalde, quien además abrió la posibilidad de remitir antecedentes a Fiscalía si los procedimientos administrativos permiten establecer la existencia de hechos que puedan tener carácter penal.
No obstante, el jefe comunal cuestionó las acusaciones formuladas públicamente por Olivares y la concejal Beatriz Apablaza, particularmente aquellas que lo vinculan con una supuesta “red interna” dentro del municipio.
En ese sentido, Jil rechazó que se establezcan responsabilidades de manera anticipada y sostuvo que primero deben concluir las investigaciones actualmente en desarrollo.
Así, mientras la Fiscalía de Limache deberá analizar la denuncia presentada por el diputado, la Contraloría tendrá que revisar los antecedentes solicitados por el propio municipio. Al mismo tiempo, el sumario administrativo continuará su curso para determinar eventuales responsabilidades al interior de la Municipalidad de Olmué.
