Los trabajadores del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar anunciaron una movilización para este viernes 5 de junio, con el objetivo de exigir respuestas de las autoridades respecto al futuro del establecimiento educacional. La marcha, organizada por el Sindicato N°1 de Trabajadores, partirá a las 12:00 horas desde el recinto y avanzará hacia el Municipio de Viña del Mar y posteriormente hasta la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
Según explicaron los funcionarios, la decisión fue adoptada de manera unánime luego de semanas de espera sin obtener definiciones concretas sobre la continuidad del proyecto educativo. En el comunicado difundido a la comunidad, señalaron que «aún no contamos con respuestas concretas respecto del futuro del establecimiento», situación que mantiene en incertidumbre tanto a trabajadores como a estudiantes y sus familias.
Desde la organización sindical indicaron que la problemática se originó durante la administración de la antigua sostenedora, apuntando a dificultades financieras y administrativas que habrían afectado la estabilidad del colegio. Asimismo, manifestaron que la falta de un contrato de arriendo vigente para el inmueble contribuyó al escenario actual. En ese contexto, sostuvieron que «hoy son los estudiantes, las familias y los trabajadores quienes deben asumir las consecuencias de decisiones adoptadas en el pasado, sin haber tenido responsabilidad alguna en ellas».
Entre las principales demandas planteadas por los funcionarios se encuentran la mantención íntegra de la subvención escolar durante 2026, la garantía de finalizar el presente año académico en el actual establecimiento, el pago oportuno de remuneraciones e indemnizaciones, y la priorización de los estudiantes en procesos de admisión para establecimientos particulares subvencionados durante 2027.
Pese a la movilización, el sindicato informó que se implementarán turnos éticos al interior del colegio para resguardar la atención y seguridad de los estudiantes. Además, recalcaron que la manifestación busca proteger tanto los derechos laborales de los trabajadores como la continuidad educativa de los alumnos. «Estamos convencidos de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad educativa de niños, niñas y jóvenes, especialmente cuando enfrentan situaciones que escapan a su voluntad y a la de sus familias», afirmaron.
