Tras siete meses el Gobierno dio por concluido el desalojo de la toma del cerro Centinela ubicada en San Antonio, luego de un operativo que permitió recuperar un terreno de aproximadamente 98 hectáreas, en cumplimiento de una resolución de la Corte de Apelaciones. En total, la intervención involucró a cerca de 1.030 personas y más de 800 estructuras.
En ese contexto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, llegó hasta el lugar para supervisar el cierre del procedimiento y participar en la entrega administrativa del predio a su propietario. Asimismo, estuvo acompañado por autoridades de Carabineros, la PDI y la Delegación Presidencial de Valparaíso.
Durante la jornada, Pavez valoró la coordinación entre los organismos involucrados y sostuvo que el operativo representa una señal del Ejecutivo respecto de su decisión de hacer cumplir las resoluciones judiciales y resguardar el derecho de propiedad. Además, afirmó que este tipo de procedimientos continuarán desarrollándose en otras zonas del país.
“Esto va a seguir, y va a seguir en todas las regiones de Chile”, aseguró el subsecretario, quien agregó que la instrucción presidencial apunta a garantizar el cumplimiento de la ley y de los fallos emitidos por los tribunales.
Por otra parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, abordó el futuro de las familias que permanecían en el terreno y señaló que se deberá retomar el trabajo junto al Ministerio de Vivienda para evaluar alternativas habitacionales.
En esa línea, Millones recordó que durante la administración anterior se analizaron distintas fórmulas, entre ellas la eventual adquisición del predio por parte del Estado y posteriormente la creación de cooperativas. Sin embargo, explicó que dichas gestiones no llegaron a concretarse.
Además, el delegado planteó que el terreno podría contribuir a enfrentar el déficit habitacional de la provincia de San Antonio, estimado en unas 12 mil viviendas, dependiendo del tipo de proyecto que finalmente se determine.
No obstante, recalcó que las primeras soluciones deberían considerar a las cerca de 2.000 familias que actualmente esperan una vivienda mediante comités habitacionales. Finalmente, confirmó que el Gobierno buscará retomar las mesas de trabajo previamente establecidas con las cooperativas y que los acuerdos alcanzados anteriormente serán considerados al momento de definir los próximos pasos.
