Informe elaborado en el marco de una causa entre Constructora San Sebastián y SERVIU establece que las anomalías detectadas correspondían al diseño, cálculo estructural y formulación del proyecto, mientras que las modificaciones realizadas durante la ejecución contaban con respaldo documental.
Un peritaje judicial realizado en el marco de la causa que enfrenta a Constructora San Sebastián con el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) concluyó que las viviendas del proyecto de reconstrucción de la población El Olivar, en Viña del Mar, fueron ejecutadas conforme al proyecto aprobado por el propio organismo estatal.
El informe, elaborado por el perito Jaime Berríos Pozas para el 2° Juzgado Civil de Valparaíso, establece que las anomalías detectadas en el proyecto corresponden principalmente al diseño, cálculo estructural y formulación de las viviendas, y no a la ejecución material de las obras por parte de la constructora. De hecho, el documento señala que “se verificó que lo efectivamente ejecutado por la Constructora corresponde al Proyecto aprobado”.
Asimismo, el peritaje señala que los proyectos contaban con permisos de edificación de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar y con los respectivos Certificados de Calificación Definitiva otorgados por SERVIU, antecedentes que fueron revisados durante la elaboración del informe.
Sin embargo, las obras habían sido suspendidas de manera indefinida mediante el Ordinario N°245 del 24 de marzo de 2026, medida que se sustentó en las observaciones contenidas en el Informe de Revisión del Proyecto de Ingeniería y Especialidades N°R2, fechado un día antes. Según el peritaje, dichas observaciones estaban vinculadas principalmente con el diseño del proyecto.
En ese sentido, el informe sostiene que, de existir errores en los cálculos estructurales, estos estaban contenidos en el proyecto que había sido aprobado y posteriormente entregado a la empresa para su ejecución. Además, precisa que las modificaciones detectadas durante la construcción contaban con distintos respaldos, incluyendo registros en libros de obra y documentación técnica.
Por otra parte, el perito también revisó las observaciones efectuadas posteriormente por SERVIU respecto de los procesos constructivos. Sobre este punto, concluyó que las deficiencias señaladas podían ser subsanadas durante el desarrollo de las obras y que los cambios de algunos materiales se encontraban documentados o correspondían a alternativas contempladas en las especificaciones técnicas.
La secuencia temporal también fue abordada en el informe. En particular, se deja constancia de que el Informe Técnico A1, que planteó la existencia de fallas graves de diseño y la necesidad de incorporar refuerzos estructurales, fue emitido el 21 de abril de 2026, casi un mes después de la suspensión indefinida decretada el 24 de marzo.
A raíz de estos antecedentes, el abogado de Constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, cuestionó la decisión adoptada por la autoridad y apuntó directamente al actual ministro de Vivienda, Iván Poduje.
“La contradicción es evidente: el Estado diseñó, revisó, aprobó y certificó un proyecto y entregó ese proyecto a la Constructora San Sebastián con 20 años de experiencia, para que construyera las viviendas. La empresa ejecutó las obras al pie de la letra y conforme a esas instrucciones dadas por Serviu. Pero, posteriormente, el mismo Estado, a través de una decisión antojadiza y muy apresurada del Ministro Poduje decidió paralizar la reconstrucción, argumentando deficiencias que ahora el peritaje ubica precisamente en el proyecto aprobado por la propia autoridad”, sostuvo el abogado.
En tanto, durante las visitas realizadas entre agosto y septiembre de 2026, el perito constató que algunas viviendas presentaban un 100% de avance, además de estar conectadas a servicios básicos y en condiciones de ser habitadas. No obstante, también registró daños derivados del tiempo transcurrido desde la paralización, incluyendo vidrios quebrados, puertas y ventanas robadas, artefactos de baño y cocina vandalizados y estructuras metálicas sustraídas.
Finalmente, tras revisar las obras correspondientes a los distintos contratos de reconstrucción, el peritaje concluyó que la Constructora San Sebastián ejecutó el proyecto aprobado por SERVIU y que no se apreciaba que las obras se hubieran apartado de los planos y especificaciones técnicas autorizadas.
