El hospital psquiatrico del Salvador en Valparaíso reconoció que en 2022 realizó sesiones de terapia electroconvulsiva sin anestesia a un paciente, argumentando limitaciones presupuestarias. En este contexto, la familia del afectado sostiene que el procedimiento constituyó un acto de violencia institucional y cuestiona la ausencia de avances judiciales, tras dos años de haber presentado una querella.
Los hechos salieron a la luz luego de declaraciones de la entonces titular de la cartera sanitaria, la ex ministra de Salud, María Begoña Yarza, quien informó que el tratamiento se habría aplicado irregularmente en un recinto de Valparaíso. Asimismo, el caso derivó en la apertura de una investigación penal en el Ministerio Público de Chile, actualmente en fase preliminar.
De acuerdo a lo señalado en un reportaje de Chilevisión, el paciente ingresó al Hospital del Salvador en febrero de 2022, donde recibió cinco descargas eléctricas terapéuticas. De esta forma, según la declaración judicial del afectado, nunca se administraron fármacos anestésicos ni se contó con supervisión de un médico anestesiólogo durante las sesiones.
Cabe señalar que, según expertos, la terapia electroconvulsiva debe ejecutarse bajo sedación, relajación muscular y monitoreo clínico permanente para evitar dolor y complicaciones físicas o neurológicas. Así lo confirmó el neurólogo Pablo Salinas en el mismo reportaje.
Consultado por la indagatoria en curso, el fiscal regional Javier Carrasco precisó que la causa “permanece en etapa inicial de recolección de antecedentes, sin formalización hasta ahora”. La familia sostiene que dicha etapa se ha prolongado excesivamente y, por lo mismo, insiste en que se deben revisar eventuales responsabilidades administrativas y penales.
Otros informes, provenientes del CONEPREM, advirtieron que el establecimiento carecía de protocolos formales y que el tratamiento se realizó sin anestesista. Dichos antecedentes también fueron expuestos ante la Cámara de Diputados de Chile.
En paralelo, el querellante es representado por el abogado probono Esteban Elórtegui, integrante de la fundación Fundación La Matriz, quien solicitó que los hechos sean esclarecidos “aunque la prestación no formaba parte original de la oferta clínica del recinto en su sede de Playa Ancha”.
Voces vinculadas a agrupaciones de pacientes también entregaron testimonios indirectos. Así, Raúl Ariz señaló haber observado secuelas psicológicas y cognitivas en pacientes que recibieron el tratamiento sin sedación.
Finalmente, el subdirector de salud mental del establecimiento, César Solanas, justificó el uso de la técnica en declaraciones públicas, indicando que existió un déficit crítico de especialistas por restricciones financieras, y no hubo intención de dañar, descartando que pueda calificarse como tortura bajo su criterio clínico.
Pese a los descargos institucionales, la querella y la investigación penal continúan vigentes, mientras el caso reabre la discusión sobre fiscalización de procedimientos, cierre de brechas de especialistas en salud mental y protección de derechos de pacientes en el sistema público.
