Un conflicto arrastrado por años entre la Fundación Educacional Santa María Mazzarello y la inmobiliaria Playa Mansa Cinco Norte terminó por estallar esta semana, dejando en incertidumbre a más de 800 estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar, histórico establecimiento ubicado en pleno centro de la ciudad.
La controversia, que inicialmente giraba en torno al pago del arriendo del terreno donde funciona el recinto desde hace décadas, avanzó hacia un punto crítico luego de que ambas partes asistieran —sin éxito— a una nueva audiencia de conciliación efectuada el 19 de noviembre en el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar.
A las 10:30 horas, representantes de la inmobiliaria y de la fundación se reunieron con la esperanza de destrabar el conflicto. Sin embargo, tras breves intervenciones, ambas partes confirmaron que no existía camino para un consenso.
Según consta en la audiencia, el propietario del terreno, Lionel Doren Roig, reafirmó que el contrato de arriendo finaliza el 31 de diciembre de 2025 y que la entrega del inmueble deberá concretarse el 1 de enero de 2026, una vez culminado el año escolar. La fundación, en cambio, sostuvo que no reconoce deuda en materia de arriendo y que las condiciones fijadas por la inmobiliaria son improcedentes.
La falta de acuerdo contrasta con lo que la propia rectoría del colegio había transmitido a su comunidad: la continuidad del establecimiento durante todo 2026. Sin embargo, la situación judicial revela un escenario diametralmente distinto.
El caso se remonta a 2024, cuando Playa Mansa Cinco Norte demandó a la fundación asegurando que existían importantes atrasos en el pago del arriendo, deuda que para entonces superaba los $1.300 millones. La sostenedora respondió acusando modificaciones unilaterales en el contrato y cobros que, según su versión, contravendrían la normativa educacional.
Ambas partes firmaron una conciliación en septiembre de 2024 que establecía la salida del colegio en enero de 2026. Sin embargo, meses después la fundación pidió anular ese acuerdo, argumentando que su abogado habría actuado sin la autorización necesaria para suscribir compromisos de esa naturaleza.
Mientras el proceso avanzaba, la inmobiliaria puso en venta el terreno: un predio de más de 3.300 m² ofertado en 180 mil UF, reforzando su postura de recuperar la propiedad.
El quiebre definitivo se conoció justo después del cierre del proceso extraordinario de postulación escolar. Esto dejó a cerca de 800 alumnos sin alternativa para matricularse en otro establecimiento, ya que confiaron en la continuidad que la rectoría había anunciado semanas atrás.
Hasta ahora, el Ministerio de Educación no ha emitido pronunciamiento alguno, lo que incrementa la angustia de apoderados, profesores y estudiantes, quienes temen quedar sin solución a pocas semanas del cierre del año académico.
La comunidad educativa pide que las autoridades regionales y nacionales intervengan para evitar que el conflicto derive en el cierre definitivo del colegio o en una expulsión forzosa antes de contar con alternativas reales de reubicación.
Entre la incertidumbre judicial, la disputa económica y la ausencia de respuestas institucionales, más de 800 familias viñamarinas esperan que alguien tome cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde.
