Una grave acusación enfrenta la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, luego de que una abogada denunciara haber recibido pagos durante 17 años por redactar proyectos de sentencias judiciales que posteriormente eran revisados por la magistrada.
La situación quedó al descubierto tras una demanda de tutela laboral presentada ante el Primer Tribunal Laboral de Santiago por Damaris Silva, quien aseguró haber desempeñado estas funciones desde 2009 hasta el 9 de mayo de 2026, según reveló La Tercera.
De acuerdo con la acción judicial, la profesional recibía una remuneración fija de $300 mil mensuales, además de $10 mil adicionales por cada sentencia elaborada.
Asimismo, Silva detalló que sus labores contemplaban el análisis de expedientes, revisión de recursos, investigación de jurisprudencia y preparación de argumentos jurídicos para la elaboración de los fallos.
En ese contexto, sostuvo que Aguirre le entregaba orientaciones sobre el sentido de las resoluciones, utilizando expresiones como “hay que rechazar, hay que acoger” o “hay que revocar”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Mariela Hernández, advirtió que, de comprobarse los antecedentes, constituirían una “vulneración gravísima de la función jurisdiccional”.
Finalmente, la representante gremial enfatizó que la labor de juzgar es exclusiva e indelegable de los magistrados, por lo que entregar estas responsabilidades a terceros ajenos al tribunal comprometería la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
