Tras la denuncia puesta por la ministra de Salud, María Bergoña Yarza sobre supuesta torturas al interior del Hospital Psiquiátrico El Salvador de Valparaíso, la jefa de cartera se rectificó y sostuvo que acusaciones eran «improcedentes».
Si bien el primer oficio firmado por la secretaria de Estado citaba el artículo 150 del Código Penal que abarca «la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos», ahora el nuevo oficio señaló que simplemente hay precariedad en infraestructura y equipamiento.
Según consignó La Tercera, el documento señala que «luego de reunirme con trabajadores de la salud mental del Hospital en cuestión y obtener mayor detalle del contexto en el que se circunscribieron los hechos, me parece pertinente hacerle llegar este informe, pues describe las condiciones de precariedad en cuanto a infraestructura, equipamiento y procesos en que se han desarrollado la práctica clínica en el referido establecimiento».
