La reciente aprobación de una ordenanza municipal para regular el comercio ambulante en Valparaíso ha desatado una ola de críticas desde diversos sectores, que acusan al municipio de aplicar una medida insuficiente, desequilibrada y que no ataca el problema de fondo.
La normativa, que define zonas donde podrá ejercerse esta actividad bajo condiciones específicas y prohíbe su presencia en sectores como Plaza O’Higgins, calle Victoria o veredas frente a colegios, ha sido presentada como una herramienta para recuperar el orden urbano y proteger al comercio establecido. Sin embargo, voces ciudadanas y políticas discrepan.
“No necesitamos una ordenanza que legalice al comercio ambulante sino un plan de seguridad, ordenamiento y limpieza”, expresó Jaime Morales, empresario turístico local. A su juicio, la medida no contribuye a una solución real para el deterioro de la ciudad: “Esta propuesta atenta contra el anhelo de los porteños de ver la Joya del Pacífico volver a brillar, un anhelo no solo nuestro, sino que nacional e incluso internacional”.
Alexis Presmita, residente del cerro Cárcel, afirmó que la ordenanza “lejos de ofrecer una solución efectiva, traslada el problema a otros sectores, incluyendo zonas turísticas, y delega sus consecuencias a los vecinos”.
Mientras tanto, a nivel político, las divisiones también se hicieron evidentes. El concejal Leonardo Contreras lamentó que Valparaíso haya perdido la oportunidad de aprobar una ordenanza verdaderamente ejemplar. “Las decisiones terminaron beneficiando a unos sectores y perjudicando a otros. Mientras en calle Victoria se celebra la prohibición total, otros sectores como Pedro Montt quedaron completamente desprotegidos”, criticó.
En tanto, la concejala Valentina Veliz fue aún más categórica al sostener que no “creo en el proyecto de la alcaldesa” y considerar la normativa como una “solución parche”. Asimismo, cuestionó que no se aborde el desempleo ni la falta de oportunidades, e indicó que la iniciativa solo “estrecha la cancha para quienes optan por evadir el pago de impuestos, sin ofrecer una verdadera hoja de ruta para la formalización”. En sus palabras, el municipio debería actuar como un “trampolín hacia la formalidad” y no solo imponer restricciones.
Desde el Congreso, el diputado Andrés Celis valoró el paso dado por la municipalidad, pero advirtió que su impacto dependerá de la ejecución. “Si se aplica con seriedad, puede ser una herramienta efectiva para recuperar el orden en el centro y defender a quienes sí cumplen con la ley. No podemos seguir normalizando el descontrol”, afirmó.
Aprobada en medio de una ciudad que aún busca respuestas para recuperar su vitalidad urbana, la nueva ordenanza evidencia las tensiones entre regulación, necesidad económica y convivencia ciudadana. El verdadero desafío ahora parece estar en su implementación y fiscalización, en un lugar donde el comercio informal es parte del paisaje cotidiano.
