Ubicada en el tradicional sector de Nueva Aurora, en la comuna de Viña del Mar, la historia de Soledad Silva no es solo la de una adulta mayor enfrentando un juicio civil, es también el reflejo de una realidad que viven cientos de personas mayores en Chile: la desprotección, la dependencia legal de terceros para acceder a financiamiento, y los vacíos que aún persisten en la justicia civil y familiar.
Todo comenzó en la década del 90, cuando Soledad logró adquirir el 75% de la propiedad donde reside actualmente, a través de la cesión de derechos realizada por un familiar cercano. Sin embargo, para completar el traspaso total, necesitaba cubrir el 25% restante. Fue entonces cuando, al no cumplir con los requisitos exigidos por los bancos para acceder a un crédito —por su edad y la falta de ingresos formales—, decidió confiar en quien entonces era su yerno.
Con el objetivo de no perder la oportunidad de obtener su casa definitiva, le pidió a Juan Pedro González Conejera, esposo de su hija en ese entonces, que solicitara el crédito a su nombre para así pagar el saldo pendiente. Él accedió, y junto con su hija, se mudaron al domicilio. Al principio, la convivencia funcionaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a deteriorarse rápidamente.
Según relata Soledad en Alerta Noticias Valparaíso, la violencia comenzó a instalarse dentro del hogar, primero entre la pareja, y luego contra ella misma. Las agresiones verbales y amenazas se volvieron frecuentes. Así, la situación escaló tanto, que la mujer debió acudir al Tribunal de Familia.
“Tuve que denunciar a mi propia hija porque la situación ya no daba para más. Se dictó una medida de alejamiento, pero él se quedó. Y desde entonces, comenzó el verdadero infierno para mí”, cuenta Soledad.
La presencia de Juan Pedro en la vivienda, asegura, se volvió hostil y abusiva. La recuerda como una etapa de humillación constante, donde fue tratada como una extraña en su propia casa.
“Me gritaba, me decía que yo no tenía ningún derecho porque la casa estaba a su nombre. Llegaba tarde, acompañado de mujeres distintas, me amenazaba. Yo ya no me sentía segura en mi propio hogar”, relata.
Ante esta situación, y tras nuevos episodios de violencia, Soledad volvió a acudir a tribunales, donde finalmente se dictó una orden de alejamiento también contra él. A pesar de estar sola, se mantuvo en la casa y continuó asumiendo todas las obligaciones económicas del inmueble.
“Nunca dejé de pagar ni una cuota. Yo he financiado cada gasto, cada reparación. Incluso, cuando él pidió un crédito de consumo que jamás pagó, y que puso en riesgo la casa, fui yo la que tuvo que desembolsar más de seis millones de pesos para que no la remataran. ¡Seis millones que yo pagué con lo poco que tenía, solo para salvar mi casa!”
En 2024, buscando formalizar el compromiso y cerrar este ciclo de tensión, Soledad logró que su yerno firmara un documento ante notaría. En él, se comprometía a restituirle la vivienda y a devolverle el dinero invertido. Sin embargo, según la denuncia, el hombre nunca cumplió con lo firmado.
El desenlace, asegura, fue aún más inesperado y doloroso. Hace pocos días, recibió una notificación judicial que la dejó sin aliento: Juan Pedro González Conejera la había demandado en el Juzgado Civil de Viña del Mar, bajo la figura legal de precario por mera tolerancia (Causa Rol C-1293-2025), solicitando su desalojo inmediato.
Esta figura jurídica se utiliza cuando una persona ocupa un bien ajeno sin pagar arriendo ni tener un contrato que respalde su presencia en el lugar, y solo permanece allí por la tolerancia del propietario. Para Soledad, esa interpretación es una distorsión de la realidad.
“¿Cómo se puede hablar de mera tolerancia si fui yo quien puso el dinero, quien pagó las cuotas, quien mantuvo esta casa durante 25 años? Él solo puso su nombre en el papel, nada más”, reclama.
Peor aún, señala que hoy se encuentra en completo estado de indefensión. La asistencia jurídica gratuita, a la que habitualmente recurren personas de escasos recursos, se encuentra paralizada por movilizaciones. Soledad no cuenta con recursos para contratar un abogado particular.
“Estoy sola. No tengo cómo defenderme. Me dieron 10 días para dejar mi casa, como si yo fuera una intrusa, como si no hubiera dejado mi vida entera aquí. No quiero caridad, solo quiero justicia.”
Ante esta situación, la mujer ha decidido alzar la voz. A través de una carta pública, dirigida a los medios de comunicación, autoridades y organizaciones sociales, solicita apoyo y visibilidad, con la esperanza de encontrar una salida legal y justa a esta encrucijada.
“No me quiten lo único que tengo. No me quiten mi historia, mi casa, mi dignidad. No quiero vivir mis últimos años en la calle por una injusticia como esta.”
