La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrenta nuevas acusaciones tras revelarse que presuntamente influyó en la designación de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y Concón, en la región de Valparaíso. Este nuevo antecedente, sumado a otras controversias, como su supuesto rol en la designación del fiscal nacional Ángel Valencia, ha provocado la suspensión de la ministra de sus funciones por el pleno de la Corte Suprema.
María Fernanda Moraga, seremi de Gobierno de Valparaíso, destacó la gravedad de la situación, señalando que «las instituciones deben actuar con celeridad y esclarecer las responsabilidades penales que puedan derivarse de un posible tráfico de influencias». Asimismo, el diputado Diego Ibáñez, del Frente Amplio, valoró la medida tomada por la Corte Suprema y señaló que es fundamental que el Congreso asuma su rol fiscalizador en casos como este, en un acto de responsabilidad hacia la ciudadanía.
Por su parte, el diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional, subrayó que Vivanco habría ejercido presiones para el nombramiento del conservador de bienes raíces de Viña del Mar, un cargo altamente codiciado en el ámbito legal. Según Celis, estos nuevos antecedentes refuerzan las sospechas de irregularidades en su actuar.
La situación de Vivanco ha generado gran controversia, y actualmente se desarrolla un cuaderno de remoción, un proceso formal que busca destituirla de su cargo y evaluar sus presuntas responsabilidades administrativas. Las investigaciones continúan mientras se espera que la Corte Suprema y las autoridades pertinentes determinen si existió algún delito en su accionar.
Este caso ha puesto de nuevo bajo la lupa la transparencia en las designaciones dentro del sistema judicial, generando preocupación en la ciudadanía sobre la posible existencia de prácticas indebidas en altos cargos del poder judicial.
