El hombre de 25 años fue formalizado por no detenerse ni prestar auxilio tras el accidente que terminó con la muerte de una mujer de 55 años. El tribunal estableció la medida cautelar por peligro de fuga y fijó una caución de $1 millón.
En prisión preventiva quedó un hombre de 25 años imputado por su presunta responsabilidad en un atropello fatal ocurrido la noche del pasado 18 de septiembre en San Felipe. La medida fue decretada durante la audiencia de formalización, luego de que la Fiscalía le atribuyera el incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de Tránsito tras un accidente con resultado de muerte.
El hecho se registró alrededor de las 22:15 horas, en la intersección de avenida Encón con calle Sargento Aldea. En ese lugar, una mujer de 55 años fue atropellada y falleció a consecuencia de la gravedad de sus lesiones.
A partir de las diligencias realizadas posteriormente, Carabineros logró avanzar en la identificación del conductor y en la ubicación del automóvil involucrado. Así, durante el 19 de septiembre se estableció el domicilio donde se encontraba el vehículo, además de determinar quién figuraba como su propietario.
Con estos antecedentes, se efectuaron diligencias de entrada y registro que permitieron incautar el automóvil presuntamente utilizado en el accidente. Paralelamente, la investigación permitió individualizar al hombre que posteriormente sería detenido.
Según expuso el Ministerio Público, el imputado colaboró con las pesquisas, prestó declaración y reconoció su participación en los hechos. Su detención se concretó durante la madrugada del domingo 20 de septiembre, en dependencias de la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe, luego de que el Tribunal de Garantía emitiera una orden verbal.
Posteriormente, el sujeto fue trasladado hasta el tribunal para el control de detención y la audiencia de formalización. En la instancia, la Fiscalía lo imputó por el delito establecido en el artículo 195, inciso tercero, de la Ley de Tránsito, relacionado con la obligación de detenerse, prestar la ayuda posible y dar aviso a la autoridad cuando ocurre un accidente con resultado de muerte.
En ese contexto, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva argumentando peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Finalmente, el tribunal acogió parcialmente la petición y determinó que la medida cautelar se justificaba por este último motivo.
Además de decretar la prisión preventiva, el tribunal fijó una caución de $1 millón.
