La reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo obtuvo 88 votos a favor, pero necesitaba 89 para alcanzar el quórum requerido. La iniciativa buscaba ampliar desde cinco días el plazo de detención de personas con órdenes de expulsión administrativa y quedó rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Un solo voto separó al Gobierno de aprobar una reforma constitucional destinada a facilitar la ejecución de expulsiones administrativas de personas extranjeras en situación irregular, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara la iniciativa al no alcanzar el quórum exigido.
En concreto, el proyecto consiguió 88 votos favorables, frente a 28 en contra y 19 abstenciones, por lo que quedó bajo el umbral de 89 respaldos necesarios para continuar su tramitación. De esta manera, la propuesta impulsada por La Moneda sufrió un revés en una de sus principales iniciativas vinculadas al control migratorio.
La reforma buscaba modificar el actual límite de cinco días de detención para quienes se encuentran sujetos a un procedimiento de expulsión administrativa. En su reemplazo, planteaba establecer un período de entre cinco y 60 días, con la posibilidad de extenderlo en dos oportunidades, lo que eventualmente podía llevar la privación de libertad hasta 180 días.
Asimismo, el texto contemplaba que posteriormente se pudiera establecer mediante ley el funcionamiento de recintos especiales destinados a las personas sometidas a estos procedimientos.
El resultado se produjo en medio de dificultades del Ejecutivo para asegurar los respaldos que necesitaba en la Sala. Entre los factores que incidieron estuvieron las ausencias de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes se encontraban en Estados Unidos junto al presidente José Antonio Kast, además de las abstenciones de parlamentarios del Partido de la Gente, pese a las conversaciones que el Gobierno había mantenido para conseguir apoyo a la propuesta.
Tras la votación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció las dificultades que enfrentó el Ejecutivo para asegurar los votos. Según explicó, algunos respaldos que se consideraban comprometidos finalmente no estuvieron disponibles al momento de la votación.
El secretario de Estado sostuvo que las gestiones para conseguir apoyos parlamentarios son permanentes, aunque pueden producirse cambios cuando llega el momento de votar. En ese contexto, afirmó que el Gobierno se encuentra evaluando de manera constante su trabajo y buscando formas de mejorar la coordinación legislativa.
Desde la oposición, en tanto, la diputada Gael Yeomans cuestionó la iniciativa y planteó reparos respecto del impacto que podría tener sobre niños y niñas migrantes. Según sostuvo, las observaciones planteadas durante la discusión no habrían sido incorporadas por el Ejecutivo.
Por su parte, el diputado Mauro González lamentó que la reforma no alcanzara el quórum requerido y sostuvo que el actual plazo de cinco días resulta insuficiente, a su juicio, para concretar determinadas expulsiones administrativas.
El traspié legislativo coincidió además con el discurso que el presidente José Antonio Kast realizó ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde destacó las medidas adoptadas por su administración en materia de control fronterizo y migración irregular. En esa instancia, el mandatario afirmó que las fronteras se encuentran más controladas y atribuyó al denominado Plan Escudo Fronterizo una reducción de los ingresos irregulares y un aumento de las expulsiones.
Así, mientras el Gobierno exponía internacionalmente sus avances en materia migratoria, en el Congreso una reforma constitucional considerada parte de esa agenda quedó frenada por no reunir un voto adicional.
Respecto del futuro de la iniciativa, su rechazo implica que, como regla general, una materia de este tipo no puede volver a ser legislada durante un año. Sin embargo, debido a que se trata de un proyecto iniciado mediante mensaje presidencial, el Ejecutivo cuenta con la posibilidad de recurrir al mecanismo de insistencia contemplado en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, para lo cual deberá reunir un quórum de dos tercios en la Cámara correspondiente.
