El informe N°151 de la Contraloría General de la República reactivó la controversia política en Valparaíso, luego de que se conociera que la actual administración municipal no presentó descargos ante las observaciones del organismo fiscalizador, situación que derivó en que todas las objeciones quedaran firmes por falta de respuesta oficial del municipio.
Según el propio documento, el equipo de la alcaldesa Camila Nieto recibió el preinforme de carácter confidencial y solicitó una ampliación de plazo para responder, sin embargo, finalmente no envió ningún pronunciamiento dentro del período establecido, lo que ocurrió durante el proceso de revisión administrativa de la gestión del exalcalde Jorge Sharp.
Uno de los puntos centrales del informe dice relación con rendiciones pendientes por cerca de 18 mil millones de pesos correspondientes a subvenciones entregadas a organizaciones sociales y corporaciones municipales, entre ellas Cormuval. Desde el entorno del exjefe comunal sostienen que dichos montos estarían debidamente rendidos, argumentando que, de no ser así, el actual Concejo Municipal no habría podido aprobar legalmente nuevos recursos para el presupuesto 2026.
Consultado por esta situación, Jorge Sharp optó por una postura prudente y señaló en El Mercurio de Valparaíso que más que un “juicio político”, “cada vez que Contraloría nos solicitó información nosotros la entregamos”, añadiendo que solicitará antecedentes formales tanto al municipio como al propio organismo fiscalizador para aclarar “cuáles son esas rendiciones que supuestamente faltan”. En la misma línea, afirmó que desde su perspectiva el monto cuestionado “se va a aclarar”, ya que, de lo contrario, no se habrían podido autorizar nuevas subvenciones.
Una opinión similar expresó el exconcejal y exintegrante de la Comisión de Finanzas, Vladimir Valenzuela, quien emplazó a la administración actual a explicar su silencio, señalando que “sería bueno que la alcaldesa o sus equipos expliquen por qué no aclararon que muchas de esas rendiciones supuestamente pendientes ya están cerradas”.
Por su parte, el concejal del PDG, Jorge López, sostuvo al mismo medio antes mencionado, que la ausencia de respuesta de la alcaldesa al informe de Contraloría, pese a contar con un plazo formal y un preinforme de auditoría forense, ha generado “una profunda inquietud” en el Concejo Municipal. En ese contexto, advirtió que este silencio “no sólo erosiona la confianza en la gestión municipal”, confirmando además que junto a otros ediles decidieron presentar una querella para que se determinen las eventuales responsabilidades.
A esta controversia se sumó un nuevo antecedente luego de que el dirigente social y exprecandidato a alcalde, Boris Kúleba, diera a conocer cifras contenidas en el Informe Trimestral del Estado de Avance del Ejercicio Presupuestario de junio de 2025. Según su revisión, el monto real de subvenciones sin rendir no solo no disminuyó, sino que habría aumentado hasta rozar los 37 mil millones de pesos.
De acuerdo con su análisis, aunque esta situación se arrastra desde el último período de Jorge Sharp, compromete directamente a la actual alcaldesa, quien en su rol anterior como presidenta de la Comisión de Finanzas aprobó la entrega de recursos que hoy aún no estarían debidamente respaldados. En concreto, los montos pendientes habrían pasado de poco más de 22 mil millones a cerca de 36.900 millones de pesos.
Kúleba también comparó el estado financiero del municipio al inicio y término de la administración anterior, asegurando que Sharp recibió la comuna en 2016 con una deuda por rendiciones de 19 mil millones y la entregó en 2024 con una cifra cercana a los 36 mil millones, la cual, según indicó, continúa en aumento.
Finalmente, el dirigente planteó que el incremento de estas deudas no sería casual y apuntó a un patrón vinculado a períodos electorales, señalando que “las deudas por subvenciones no rendidas se disparan en el año 2023” y continúan creciendo durante el año de elecciones. Por ello, cuestionó que hasta ahora ninguna autoridad haya revisado en profundidad estos antecedentes, más allá de limitarse a comentar los datos ya procesados por Contraloría.
