La situación en Bolivia ha alcanzado niveles críticos luego de que militares ingresaran a la sede del Gobierno, el Palacio Quemado, desencadenando una serie de acontecimientos alarmantes. El presidente Luis Arce ha denunciado lo que calificó como «movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano», mientras que el exmandatario Evo Morales ha alertado sobre un presunto «golpe de Estado» en gestación.
Los eventos tomaron un giro dramático cuando militares, apoyados por un vehículo blindado, forzaron la entrada al Palacio Quemado. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al presidente Arce confrontando al exjefe del Ejército, Juan José Zúñiga, ordenando posteriormente el repliegue de las tropas.
El general Zúñiga, destituido recientemente, ha justificado la movilización militar como una expresión de descontento por la situación del país, afirmando que «no puede haber esta deslealtad». A pesar de continuar reconociendo a Arce como presidente, advirtió sobre posibles cambios en el Gabinete de Gobierno.
Las reacciones no se han hecho esperar. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, también ha denunciado un «intento de golpe de Estado» limitado a una facción militar. En tanto, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha asegurado que el Gobierno defenderá la democracia frente a las acciones del Comando del Ejército.
La crisis ha llevado a un llamado urgente de diversas organizaciones y sectores sociales, incluida la Central Obrera Boliviana (COB), a rechazar lo que han calificado como un golpe militar en curso. La COB ha declarado una huelga general indefinida y convocado a movilizaciones en La Paz para respaldar al Gobierno constitucional.
Ante la creciente polarización, el exministro de Defensa, Reymi Ferreira, ha intentado tranquilizar a la población descartando que se trate de un golpe de Estado, aunque reconoció el riesgo que representa el actual escenario para la democracia boliviana.
La tensión política se desarrolla en un contexto de crisis económica y social, exacerbada por la escasez de dólares y combustibles, así como por protestas sociales que el Gobierno atribuye a sectores afines al «evismo». La Asamblea Legislativa, mayoritariamente opositora, se encuentra paralizada, profundizando aún más la crisis institucional del país.
La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos en Bolivia, instando al diálogo y a la preservación del orden constitucional.
