Durante la última sesión del Concejo Municipal de Quilpué, un tenso intercambio protagonizaron la alcaldesa Carolina Corti y la concejala Laura González, ambas de la misma corriente política, luego de que la edil cuestionara el contrato de transacción suscrito entre el municipio y la empresa Estacionar S.A., acuerdo que puso término a una disputa judicial que mantenían ambas partes.
El convenio se originó precisamente a raíz de una demanda iniciada contra el municipio y tuvo como objetivo evitar un eventual perjuicio económico cercano a los $3.000 millones para las arcas municipales. Según explicó la propia alcaldesa Corti durante la sesión, la empresa habría aplicado un «modus operandi» similar en otras comunas, entre ellas La Serena y Coquimbo, obteniendo resultados favorables en esos procesos.
En ese contexto, la administración municipal optó por alcanzar un acuerdo con Estacionar S.A. antes de que el conflicto judicial avanzara a una etapa que pudiera significar un costo mayor para el municipio. Sin embargo, es justamente este nuevo contrato de transacción el que ahora está siendo cuestionado por la concejala González.
La edil, quien asumió como concejala tras el fallecimiento de Daniel Raab, pidió aclarar si existían antecedentes suficientes para justificar el acuerdo y determinar si las modificaciones contractuales podían terminar afectando los recursos municipales.
Uno de los momentos más críticos se produjo cuando González sostuvo: “Me parece, a lo menos, grave, que el análisis de lo que es mejor para las arcas municipales se haga después de haber firmado ya la transacción”.
La concejala cuestionó además que dos inspectores municipales tengan dedicación exclusiva para labores vinculadas a la fiscalización de los estacionamientos, señalando que podrían convertirse en “una especie de brazo de cobro forzoso para el negocio de un privado”.
El intercambio también llegó al ámbito jurídico, cuando González preguntó si la unidad técnica de la Dirección de Tránsito había sido consultada antes de modificar el contrato. La respuesta del director jurídico subrogante fue: “No podría… lo desconozco, concejal”.
Por su parte, la alcaldesa Carolina Corti defendió las gestiones realizadas por su administración y explicó que la decisión de llegar a una transacción estuvo relacionada con el riesgo económico que enfrentaba el municipio en el marco de la disputa judicial. Asimismo, sostuvo que las inquietudes planteadas por González también han sido analizadas por la administración y que incluso sostuvo reuniones con la empresa para abordar las distintas observaciones surgidas en torno al acuerdo.
Durante la discusión, desde la Dirección Jurídica se argumentó que el municipio no contaba con antecedentes suficientes para acreditar que había realizado determinadas labores de fiscalización cuestionadas por la empresa, situación que habría influido en la decisión de alcanzar una transacción antes de la etapa probatoria del juicio.
González anunció la solicitud de oficios a distintas unidades municipales para conocer los antecedentes que sustentaron la transacción, las fiscalizaciones realizadas y el eventual impacto económico que podría generar la modificación contractual.
De esta manera, el debate en el Concejo no solo se centró en las condiciones del nuevo acuerdo con Estacionar S.A., sino también en las razones que llevaron al municipio a suscribirlo como una vía para evitar un eventual perjuicio de hasta $3.000 millones.
