Una resolución del Juzgado de Garantía de San Felipe fijó para el próximo 7 de octubre el desalojo de un área determinada de la Toma Yevide, procedimiento que deberá contar con apoyo de Carabineros. La medida vuelve a generar preocupación entre los residentes del extenso asentamiento, donde vivirían cerca de 2.500 familias.
Según establece el aviso judicial, la acción se enmarca en una causa relacionada con la ocupación ilegal de un inmueble. En ese contexto, el tribunal dispuso la restitución del terreno y ordenó que el procedimiento policial se concrete en la fecha establecida.
Sin embargo, la resolución identifica mediante un plano el espacio específico que deberá ser desalojado. Por ello, la medida conocida hasta ahora corresponde únicamente a dicho sector y no contempla, de acuerdo con el documento, la totalidad de la Toma Yevide.
Asimismo, el tribunal hizo un llamado a quienes permanecen en el lugar a realizar una entrega voluntaria y pacífica del inmueble antes de la intervención policial. De no concretarse esta salida, Carabineros podrá emplear la fuerza pública y adoptar las medidas correspondientes conforme a la legislación vigente.
A raíz de este escenario, la fecha del procedimiento mantiene expectantes a los habitantes del asentamiento, especialmente considerando la dimensión de la toma y el número de familias que residen en ella. Si bien la orden judicial está circunscrita a un terreno determinado, su ejecución podría reactivar la preocupación por la situación habitacional de quienes viven en el sector.
