Una investigación penal liderada por el Ministerio Público y múltiples sumarios administrativos instruidos por la Contraloría General de la República (CGR) han sacado a la luz un caso de gran envergadura: cerca de 25 mil funcionarios públicos habrían salido del país estando con licencia médica. De esta cifra, casi 4 mil corresponden a personas que cruzaron por el paso Los Libertadores con este beneficio vigente, y en la Región de Valparaíso hay varias instituciones públicas involucradas.
En este contexto, las corporaciones municipales de Viña del Mar (CMVM) y de Valparaíso (Cormuval) figuran como las entidades con mayor cantidad de casos detectados en la región. Según consignó El Mercurio de Valparaíso, la CMVM presenta 270 registros, aunque aún no se ha determinado si corresponden a igual número de personas o si algunos funcionarios repitieron la conducta. A ello se suman 53 situaciones identificadas dentro de la misma Municipalidad de Viña del Mar. Por su parte, Cormuval acumula 209 casos. De esta forma, otras entidades también aparecen con cifras relevantes: la Municipalidad de El Quisco reporta 51, El Tabo 35, Concón 31, el Gobierno Regional ocho, el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota cinco y la Universidad de Valparaíso dos, según lo informado por la Contraloría.
Frente a esta situación, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fue enfática al calificar estos hechos como graves, señalando que “el uso indebido de licencias médicas es una situación de extrema gravedad. No se trata sólo de una falta ética, sino de un acto que constituye corrupción, al comprometer recursos públicos y afectar directamente la calidad de los servicios que la comunidad merece. Mentir sobre una enfermedad para beneficiarse de manera indebida, mientras muchas personas realmente necesitan atención médica, es un acto despreciable. Este tipo de conductas también deteriora la confianza en el sistema y recarga injustamente el trabajo de sus colegas que sí cumplen con su labor de manera responsable”. Asimismo, aseguró que ya se han tomado medidas, incluyendo desvinculaciones, y que hoy el municipio cuenta con herramientas claves proporcionadas por la CGR para investigar con mayor eficacia y sancionar de manera firme a los responsables.
En esta línea, desde la Corporación Municipal de Valparaíso indicaron que “para la Corporación Municipal de Valparaíso esta situación reviste la mayor gravedad. Por eso, la alcaldesa Camila Nieto, en su calidad de presidenta del directorio de la institución, ya ha instruido al secretario general investigar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas y ejecutar las medidas disciplinarias correspondientes en todos los casos”. De este modo, la institución reafirmó su postura de no tolerar estas prácticas, advirtiendo que afectan directamente a los sectores más vulnerables de la comuna.
Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca expresó su rechazo a estas acciones, afirmando que “como Gobierno Regional reprochamos absolutamente la mala utilización de estos permisos cuyo objetivo es propender a la recuperación de la salud de los trabajadores, y esperamos ser notificados formalmente por el órgano Contralor de la existencia de casos que pudiesen afectar a este Servicio, ante lo cual realizaremos los correspondientes procesos disciplinarios tendientes a sancionar las responsabilidades de los eventuales infractores”.
En tanto, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, se refirió a los 31 casos detectados en su comuna explicando que “Concón no ha estado ajeno a esta problemática, nosotros hemos estado intentando tomar distintas medidas para evitar el ausentismo y, por supuesto, generar mejores condiciones de trabajo para la gente, y una vez que detectemos y sepamos que hay personas que han abusado respecto al uso de licencias médicas, por supuesto que haremos los sumarios administrativos correspondientes”. Asimismo, anticipó que instruirá el nombramiento de un abogado exclusivo para abordar este tema y añadió que “no podemos permitir que este tipo de prácticas enloden el trabajo público. Esto raya en la falta de la probidad, en el abuso de lo que significan los recursos públicos, y eso no lo vamos a permitir”.
En el caso de El Tabo, el alcalde Alfonso Muñoz comentó que la información entregada por la Contraloría era desconocida por su administración, indicando que “es, sin duda, un tema delicado que vamos a indagar internamente”. Añadió que ya se han instruido investigaciones dentro del municipio y que se aplicarán sanciones según el mérito de cada situación, sin perjuicio de lo que determine la justicia.
El diputado Tomás Lagomarsino también se refirió a los casos de los viajes irregulares, y sostuvo que «respecto a los casos que se han conocido en la Corporación Municipal de Viña del Mar, Quilpué, Valparaíso, así como también en sus respectivos municipios, estos tienen que ser tratados con la misma rigurosidad que los restantes 25 mil casos. Aquí tiene que haber una política a nivel nacional para sancionar esta materia desde la perspectiva administrativa como también penal (…) de aquellas personas que hayan infringido la ley».
Con respecto al mismo tema, el diputado Andrés Celis también expresó su rechazo señalando que “lo que hoy revela la Contraloría, donde más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica es escandaloso y refleja un Estado realmente desbordado. Además constituye un delito y por lo mismo vamos a interponer acciones penales en conjunto con el senador Chahúan”.
Finalmente, el presidente regional del Colegio Médico, Ignacio de la Torre, advirtió que el problema no se limita a los usuarios del sistema, sino también a quienes emiten licencias fraudulentas sin evaluación médica adecuada. En sus palabras, “la oferta de venta de días de reposo es una práctica grave que debe ser erradicada”.
Así, mientras avanza la investigación judicial y administrativa, diversas instituciones y autoridades coinciden en la urgencia de esclarecer responsabilidades y sancionar con rigor a quienes hayan abusado de un beneficio destinado al resguardo de la salud, el cual, en lugar de ser un derecho, fue utilizado como un mecanismo de evasión laboral.
