Una inspección municipal destinada a levantar información sobre fuentes de agua en la comuna de La Cruz terminó generando un conflicto administrativo y un debate respecto al actuar de las autoridades, luego de que un funcionario detectara un cultivo de cannabis mientras realizaba labores en terreno con apoyo de un dron.
De acuerdo con un reportaje expuesto por la revista Letra C, el hecho ocurrió a fines de febrero de 2026, cuando el trabajador municipal efectuaba un recorrido para identificar pozos y norias que serían considerados dentro de un proyecto de abastecimiento hídrico. Durante el levantamiento territorial, el funcionario habría captado imágenes de un cultivo de cannabis ubicado en uno de los sectores inspeccionados.
Tras el hallazgo, las fotografías obtenidas mediante el dron habrían sido enviadas a la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia. Asimismo, según los antecedentes expuestos en la investigación, no existiría una denuncia formal ante el Ministerio Público o las policías relacionada con dichas imágenes.
Posteriormente, la situación derivó en conversaciones entre el funcionario y la autoridad comunal, registradas mediante audios, donde uno de los principales puntos abordados fue la forma en que se realizó la inspección.
En una primera llamada telefónica, la alcaldesa cuestionó el uso del dron durante el procedimiento, señalando que la instrucción entregada correspondía a identificar la ubicación de pozos y no a realizar otro tipo de levantamiento territorial.
Por su parte, el funcionario explicó que utilizó la herramienta tecnológica debido a que desconocía la ubicación exacta de las fuentes de agua y que el objetivo era facilitar la identificación del terreno.
La conversación continuó posteriormente en una reunión presencial al interior del municipio, donde el trabajador volvió a detallar el recorrido realizado, la utilización del dron y el envío de las fotografías obtenidas durante la inspección.
Uno de los aspectos centrales del caso corresponde al análisis del eventual deber de denuncia que podría recaer sobre funcionarios públicos cuando, en el ejercicio de sus funciones, toman conocimiento de hechos que podrían constituir delito.
Según la investigación, esta obligación está establecida principalmente en el Código Procesal Penal y contempla que determinadas autoridades y funcionarios deben informar a los organismos correspondientes cuando conocen antecedentes que puedan revestir carácter delictual.
En ese contexto, el caso abre la discusión sobre si los antecedentes entregados a la alcaldesa requerían activar algún procedimiento formal, situación cuya determinación corresponde a los organismos competentes.
Además del hallazgo, los registros revisados muestran una discusión relacionada con la situación laboral del funcionario dentro del municipio.
Durante la conversación, el trabajador manifestó haber pasado por distintas jefaturas y haber recibido instrucciones diferentes, señalando que esa situación habría generado dificultades para definir sus responsabilidades dentro de la administración comunal.
Ante ello, la alcaldesa explicó su visión respecto al trabajo de los funcionarios a contrata y anunció una reorganización de tareas, asignándole nuevas funciones vinculadas principalmente a labores de fiscalización, riego y seguimiento de trabajos municipales.
Según la investigación publicada por Letra C, se realizaron solicitudes de información mediante transparencia y se enviaron consultas a la alcaldesa Filomena Navia para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, no se habría recibido respuesta.
