La Contraloría General de la República ha iniciado un sumario administrativo tras revelarse una irregular situación en reparticiones del Estado. La investigación se centra en convenios entre la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) relacionados con tramitación de destinaciones marítimas.
El caso en cuestión involucra a una funcionaria de la SSFFAA que tenía la responsabilidad de visar los documentos relacionados con estos convenios. La particularidad radica en que la madre de la mencionada funcionaria se adjudicó una asesoría a la Subpesca mediante su empresa en medio de estos convenios. Esto planteó serias dudas sobre un posible conflicto de interés y una falta de abstención por parte de la hija, considerando su relación familiar.
La Contraloría, liderada por Jorge Bermúdez, ha cuestionado esta situación y ha determinado que se requiere una investigación a fondo. La entidad fiscalizadora considera que la funcionaria no debió participar en la tramitación de documentos relacionados con la empresa de su madre debido a la incompatibilidad evidente.
Los convenios entre la Subpesca y la SSFFAA tenían como objetivo coordinar acciones para lograr una actuación más eficiente en el cumplimiento de sus objetivos comunes, específicamente en lo que respecta a destinaciones marítimas. Para llevar a cabo estos contratos, se requería asesoría especializada para colaborar en el marco de la Ley Nº 21.027.
La Contraloría continuará investigando este caso para determinar posibles irregularidades y tomar las medidas adecuadas para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos del Estado. Este episodio resalta la importancia de la ética y la prevención de conflictos de interés en el ámbito público.
