La propuesta del Gobierno busca ampliar las herramientas contra el crimen organizado y el terrorismo, incorporando nuevas facultades para intervenir territorios bajo amenaza. Sin embargo, parlamentarios oficialistas y de oposición cuestionan la extensión de las medidas y el nivel de control del Congreso.
La reforma constitucional impulsada por el Gobierno para fortalecer la lucha contra el crimen organizado inició su recorrido en el Senado, aunque desde sus primeros pasos encontró diferencias respecto del alcance de las facultades que busca entregar al Ejecutivo.
La iniciativa, incorporada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla tres ejes principales: establecer la seguridad pública como un deber constitucional del Estado, reforzar la persecución de las organizaciones criminales y crear un nuevo mecanismo de intervención para sectores afectados por bandas delictuales.
En ese marco, uno de los puntos más controvertidos es la creación de un Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. Esta herramienta podría aplicarse ante una amenaza grave e inminente, incluso en zonas específicas como barrios o sectores urbanos, y tendría una duración inicial de hasta 120 días.
Además, el Presidente podría extenderla por otros 120 días. Posteriormente, cualquier nueva prórroga requeriría autorización del Congreso. Durante su aplicación, podrían limitarse derechos como la libertad personal, la locomoción y la reunión, junto con establecerse restricciones sobre asociación, comunicaciones y determinados bienes.
Asimismo, el proyecto contempla una mayor participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad interna. Sin embargo, el Gobierno sostiene que las policías continuarían a cargo de la persecución del delito, mientras los militares asumirían funciones específicas de resguardo y control territorial.
Por otra parte, la reforma propone crear una nómina oficial de organizaciones criminales y terroristas, con el objetivo de facilitar las investigaciones, además de incorporar herramientas para rastrear, congelar e incautar recursos vinculados a estas estructuras.
No obstante, los reparos surgidos desde el propio oficialismo complican las posibilidades de una aprobación rápida. Parlamentarios de RN, Evópoli y otros sectores han cuestionado principalmente la amplitud de las atribuciones presidenciales y el período que podría mantenerse el estado de excepción sin una nueva autorización parlamentaria.
De esta manera, aunque existe coincidencia en la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado, la discusión estará centrada en los límites de esas facultades y en los mecanismos de control que deberán acompañarlas. El proyecto será revisado por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública antes de llegar a la Sala.
