Gobierno busca aplazar hasta diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos

El Ejecutivo presentó una iniciativa que extiende en un año el plazo para implementar la normativa y propone cambios en el funcionamiento de la futura Agencia de Protección de Datos Personales.

El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto que modifica el calendario de implementación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, proponiendo que su entrada en vigencia sea aplazada por un año. De esta manera, si la iniciativa es aprobada, las nuevas disposiciones comenzarían a regir el 1 de diciembre de 2027.

Según explicó el Ejecutivo, la extensión del plazo tiene como principal objetivo contar con más tiempo para poner en marcha la institucionalidad contemplada por la legislación. Asimismo, busca facilitar que tanto organismos públicos como empresas puedan adecuar sus sistemas, procedimientos y procesos internos a las nuevas obligaciones.

En ese sentido, la normativa establece una serie de exigencias para las entidades que recopilan y utilizan información personal. A la vez, fortalece los derechos de las personas sobre sus datos y establece nuevas reglas respecto de la forma en que estos pueden ser tratados.

Por otra parte, el proyecto no solo modifica la fecha de implementación de la ley, sino que también introduce cambios en la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Entre las propuestas se encuentra ampliar de tres a cinco el número de integrantes de su consejo directivo, estableciendo además que se requerirá un mínimo de tres miembros para adoptar decisiones.

Asimismo, el Ejecutivo plantea establecer un período inicial de adaptación para quienes deberán cumplir con la nueva legislación. Durante el primer año de funcionamiento de la normativa, la Agencia podría aplicar amonestaciones por escrito a los regulados antes de recurrir a sanciones económicas.

La propuesta adquiere especial relevancia debido al alcance de las multas contempladas por la nueva legislación. En efecto, las infracciones más graves podrían derivar en sanciones de hasta 20 mil UTM, monto equivalente a aproximadamente $1.400 millones, mientras que en determinadas situaciones de reincidencia estas podrían incluso incrementarse.