Parlamentarios critican el primer año de Estado de Excepción en la Macrozona Sur: «Ausencia de medidas que ataquen el problema desde la raíz»

Esta semana se cumplirá un año desde que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric implementó el Estado de Excepción Acotado en la Macrozona Sur de Chile. A pesar de la insistencia inicial del Ejecutivo de no renovar esta medida, finalmente se implementó y ha generado diversas reacciones.

El Gobierno califica los resultados de la iniciativa como positivos, destacando una disminución del 56% en los homicidios, un descenso del 30% en los atentados terroristas y un 21% menos de ataques incendiarios en la zona afectada.

Sin embargo, algunos parlamentarios han criticado al Gobierno por lo que consideran una falta de medidas que aborden el problema desde su raíz. El senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, representante de la región del Bío Bío, criticó que el Estado de Excepción no cumple con el objetivo de prevenir los ataques terroristas.

«Le hemos pedido repetidamente al Gobierno que, junto con el Estado de Excepción, implemente un plan en la Macrozona Sur que permita perseguir y desarticular a los terroristas que operan en la zona», detalló el parlamentario. Por su parte, el diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet, afirmó que «después de un año de Estado de Excepción, esto ha sido un fracaso», mientras que el senador socialista por el Bío Bío, Gastón Saavedra, indicó que «se deben aplicar medidas duras contra aquellos que actúan con violencia en acciones terroristas, y el segundo camino es el diálogo».

La diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado, quien ha rechazado la medida desde su inicio, reiteró su postura crítica. «Como diputada mapuche, he votado en contra de los Estados de Excepción de manera permanente, porque siempre he sostenido que no nos acercan al diálogo ni a la búsqueda de entendimiento, y que finalmente terminan persiguiendo y criminalizando al pueblo mapuche», enfatizó.

Además de las opiniones y críticas, se han registrado más de 5.000 controles realizados por militares, 8.500 fiscalizaciones conjuntas con las fuerzas policiales y una disminución del 36% en la presencia de armas en delitos, según las cifras recopiladas durante este año de Estado de Excepción.

El debate en torno a la efectividad y las implicaciones de esta medida continúa, mientras el Gobierno evalúa futuras acciones para abordar los desafíos en la Macrozona Sur y promover la paz y la seguridad en la región.