El texto, que ahora pasa a su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados, tiene como objetivo regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fijar nuevas penas y formas comisivas, e incorporar mecanismos eficientes de restitución.
Entre las medidas aprobadas se incluyen sanciones con presidio para toda hipótesis de usurpación, aumento del periodo de flagrancia, facilitación de la restitución del inmueble ocupado, el uso de técnicas especiales de investigación y penas de presidio para la compraventa o arriendo de sitios ocupados ilegalmente.
Durante el debate, el senador del PS, Gastón Saavedra, informó que hará reserva de constitucionalidad por tres artículos del proyecto que quitarán facultades a los jueces. Saavedra señaló que estos artículos «quitan facultades a los jueces», por lo que solicitó la reserva de constitucionalidad en esos artículos.
El proyecto de ley adquirió especial significancia tras el asesinato del empresario viñamarino, Alejandro Correa, por parte de un sicario a raíz de un pleito judicial que impulsó tras la toma de sus terrenos en Quilpué.
La aprobación del proyecto de ley fue bien recibida por los legisladores y la ciudadanía en general, quienes esperan que la iniciativa contribuya a garantizar la seguridad jurídica en el país y a prevenir futuras usurpaciones de inmuebles.
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