El martes de esta semana, Jaime Orpis, ex senador de la UDI, salió de la cárcel tras cumplir un año y cuatro meses de condena por seis delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho. Esta liberación ha generado diversas especulaciones y reavivado preocupaciones sobre la justicia y su aplicación en casos de corrupción política.
Mauricio Daza, quien fue querellante en el caso Corpesca a través de la Fundación Ciudadano Inteligente, ha sido testigo presencial de cómo las causas relacionadas con financiamiento irregular de la política han sido sepultadas. En relación a la excarcelación de Orpis, Daza afirma que es una situación llamativa que deja un sabor amargo.
Daza destaca que la libertad condicional de Orpis fue otorgada por una sala integrada por tres personas, a pesar de que previamente un informe de Gendarmería había cuestionado su posible reinserción. Esto genera interrogantes sobre la consistencia de la justicia y si existe un trato diferenciado según el estatus socioeconómico de las personas involucradas.
El entrevistado también hace hincapié en los casos de corrupción que han quedado impunes, como el de las pesqueras del sur, particularmente Asipes, donde se evidenció una operación de impunidad al interior de la Fiscalía. Según Daza, existen presiones que afectan la imparcialidad de las instituciones y protegen los intereses de altas autoridades y grandes empresarios.
En relación a las afirmaciones de Orpis de que “hizo lo que todos hacían”, Daza sostiene que intentaron obtener los nombres de las personas mencionadas, pero el tribunal impidió la pregunta. Además, señala que se querellaron contra diversas personas de distintas corrientes políticas, y lamenta que se haya preferido encubrir estos casos.
El caso de Orpis ha sido importante para sentar un precedente en el ámbito del cohecho, y ha llevado a una nueva legislación que amplía las penas y las hipótesis de delitos de corrupción. Sin embargo, Daza considera que aún falta mejorar las prácticas institucionales y la persecución penal para reducir la impunidad.
En cuanto al futuro de la Ley de Pesca, Daza considera difícil que se realicen cambios a corto plazo debido a la falta de voluntad política. A pesar de las condenas por corrupción relacionadas con esta ley, las empresas involucradas siguen recibiendo beneficios. Lo mismo ocurre en el caso de SQM, donde a pesar de la imputación de Pablo Longueira, se mantiene vigente un beneficio de Royalty Minero.
En conclusión, el caso Corpesca ha dejado la enseñanza de que, a pesar de las dificultades para perseguir delitos de corrupción que involucran a personas poderosas, siempre existen espacios para mejorar y lograr un estado de derecho sólido que responda a los estándares de una democracia del siglo XXI, aunque aún queda un largo camino por recorrer.
