A casi cinco meses del devastador megaincendio en la región de Valparaíso, muchas familias siguen sin un hogar, dependiendo de la ayuda económica del gobierno para subsistir. El poder ejecutivo continúa impulsando el proceso de reconstrucción, pero las críticas y desafíos persisten.
Vecinos afectados recalcaron en Radio Bío Bío, la importancia de los subsidios de arriendo y bonos de acogida, programas esenciales para la integridad de quienes perdieron todo en la catástrofe. Sin embargo, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ha cuestionado los criterios del Gobierno para la distribución de estos subsidios.
“Esto es la crónica de una muerte anunciada. En el mes de marzo entregamos un documento señalando que esto iba a ocurrir. La capacidad de que una persona damnificada sea receptora de un subsidio depende solo de voluntad política”, señaló la alcaldesa Ripamonti.
En contraste, Paula Gutiérrez, delegada presidencial regional subrogante de Valparaíso, argumenta que los análisis de cada caso deben ser individualizados, ya que responden a realidades diferentes.
Elizabeth Valenzuela, residente del campamento Manuel Bustos, y Yenny Fuentes, vocera de los damnificados de Pompeya Sur de Quilpué, expresaron sus críticas al medio antes mencionado, por la poca la eficacia del proceso de selección para otorgar los subsidios.
Es importante destacar que estos subsidios se solicitan llenando la Encuesta Familiar Única de Emergencia y demostrando las afectaciones sufridas debido al incendio, procesos que muchas familias han encontrado complicados y lentos.
A pesar de las dificultades, desde el Gobierno indican que siguen trabajando en proporcionar el apoyo necesario para que las víctimas puedan reconstruir sus vidas y encontrar un hogar permanente.
