El alcalde de San Antonio declinó pronunciarse sobre el anuncio del Gobierno de expropiar parte de los terrenos ocupados por la toma del cerro Centinela, argumentando que el municipio desconoce el comunicado oficial y no ha participado del proceso, pese a la relevancia de la medida.
La declaración se realizó luego de que los ministerios de Vivienda e Interior anunciaran la expropiación a solo dos días del plazo fijado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para ejecutar el desalojo del campamento. En específico, se expropiará 100 hectáreas del predio para habilitar un proyecto habitacional impulsado por cooperativas del sector.
En ese contexto, el alcalde sostuvo que “es difícil emitir una opinión, ya que el comunicado o documento relativo a esa decisión lo desconocemos absolutamente”. Además, enfatizó que “no hemos sido partícipes del proceso”, descartando así una postura municipal formal hasta conocer el texto y analizar sus implicancias para el desarrollo de la ciudad. Asimismo, aseguró que, una vez revisados los alcances, el municipio “estará dispuesto a emitir nuestra opinión”.
Por otra parte, desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso confirmaron que el desalojo sigue su curso de manera paralela, tal como fue ordenado judicialmente. En esa línea, el delegado Yanino Riquelme señaló que, según el catastro, “un poco menos de la mitad de las familias” residen en las zonas que serán expropiadas. También afirmó que el plan “sigue tal cual lo hemos planificado”, y que será presentado a la Corte bajo ese mismo enfoque.
No obstante, el delegado adelantó que “mañana no se realizará el desalojo”, dado que presentarán al tribunal las soluciones exigidas judicialmente, en base al catastro estimado por lotes y cuadrículas, que permitirá identificar el número de viviendas en cada sector. Además, remarcó que el operativo tiene “una complejidad muy relevante”, por lo que solicitarán la consideración del tribunal.
Adicionalmente, Riquelme recordó eventos que demandan alta presencia policial, como la procesión de la Virgen de Lo Vásquez, las elecciones presidenciales, Navidad y Año Nuevo, subrayando que “no sería conveniente” ejecutar un desalojo que involucra la salida de casi 10 mil familias en esas fechas. También reconoció la dificultad de implementar albergues en un proceso de esta magnitud.
Finalmente, reiteró que el desalojo corresponderá a las familias ubicadas en las zonas que no serán expropiadas, mientras el Estado avanza en el traspaso del terreno, en un proceso que considera la corresponsabilidad y el ahorro previo acumulado por los pobladores para colaborar en la urbanización.
