La carabinera Lorena Carolina Carrillo, autora del delito de apremios ilegítimos en contra de una manifestante en el marco del estallido social en 2019, a quien obligó a desnudarse y hacer sentadillas en una Comisaría de Viña del Mar, fue sentenciada a cumplir su pena en libertad.
Esto debido a que el Tribunal aplicó la Ley Naín Retamal –que es retroactiva- pese a que la integridad de la funcionaria no estaba en riesgo. Asimismo, el Ministerio Público solicitó 5 años de presidio, pero no se aplicó debido a esta nueva Ley.
En este contexto, cabe señalar que el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio con remisión condicional (sustitución del cumplimiento de la pena de cárcel por la discreta observación y asistencia en libertad del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo), ya que en beneficio de la uniformada se aplicó la Ley Naín Retamal, que modifica el Código Penal.
Ante esto, Daniel Soto, abogado consultor en Derechos Humanos y función policial señaló en el medio Biobío que “no se ve cual es la vinculación entre la intención de la ley de proteger la función de policía y resguardar jurídicamente a los agentes del estado con la desprotección de personas frente a abusos de los agentes estatales. No logro establecer las razones por las cuales se efectúo esta modificación”.
En esta misma línea, diputados del oficialismo cuestionaron la aplicación de esta ley por parte del Tribunal. Por su parte la diputada María Francisca Bello (CS) indicó al mismo medio que “gracias a la ley Naín-Retamal la condena fue reducida a 541 días (…) este caso no aplica a legítima defensa, ya que la carabinera no estaba en peligro (…) lo que aquí hubo fue violencia sexual por parte de las fuerzas de orden”.
Mientras que Luis Cuello (PC) dijo que “acá estamos frente a una norma bastante grave, una aberración que vulnera los DDHH al dejar desprotegidas a las víctimas de apremios ilegítimos cometidos por policías. Esto da cuenta de un debate irreflexivo y de excesos que se cometieron en esta ley”.
Sin embargo, el diputado Hotuiti Teao (indp) manifestó que “la labor del Congreso ha sido cumplida a cabalidad en tiempo y forma, y ahora hay que permitir que las instituciones funcionen. Eso significa dejar que los Tribunales de Justicia sean quienes determinen cual es la ponderación de la pena y la forma de aplicación o ejecución de la misma”.
