A partir de hoy, entra en vigor la prohibición de divulgar encuestas de opinión pública relacionadas con las preferencias electorales, con motivo de las elecciones a gobernador, consejero regional, alcalde y concejales que se celebrarán los días 26 y 27 de octubre. Esta restricción, estipulada por la normativa electoral, busca evitar que los resultados de las encuestas influyan en la opinión pública y el comportamiento de los votantes.
Las encuestas no solo tienen un valor predictivo, sino que también pueden afectar la percepción de los ciudadanos sobre las candidaturas, lo que refuerza la importancia de esta prohibición. La ley establece que, en los 15 días previos a una elección, queda prohibida la divulgación de estos resultados en cualquier medio de comunicación.
En caso de infringir esta normativa, los responsables de medios como prensa escrita, radioemisoras o canales de televisión se exponen a multas de entre 10 y 200 UTM. Estas sanciones aplican tanto al director del medio como a la empresa propietaria o concesionaria de la plataforma de difusión. Además, se podrán establecer responsabilidades personales conforme a la legislación vigente.
Con esta medida, se busca garantizar que las elecciones se desarrollen de manera justa y sin interferencias externas que puedan alterar el comportamiento electoral.
