Los concejales Renzo Aranda y Mónica Neira han presentado un requerimiento ante la Contraloría General de la República, denunciando supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de la Corporación Municipal de Quilpué (CMQ). Entre los principales puntos señalados, destacan el presunto pago a “funcionarios fantasmas” en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Belloto Sur y el desvío de fondos del Programa de Integración Escolar (PIE) para cubrir deudas previsionales de trabajadores.
El SAR Belloto Sur, un centro clave en la red de atención primaria de salud de la comuna, se encuentra bajo sospecha debido a pagos irregulares a personas que no habrían prestado servicios ni figuran en los registros oficiales. Según los concejales, estas prácticas habrían implicado montos superiores a $200 millones, destinados a trabajadores inexistentes.
“Estamos ante una situación gravísima que afecta directamente la salud pública de los quilpueínos. Hablar de ‘funcionarios fantasmas’ es hablar de una falta de respeto hacia los recursos que deben garantizar una atención de calidad para la comunidad”, sostuvo el concejal Renzo Aranda.
En el ámbito educativo, los recursos destinados al Programa de Integración Escolar (PIE), que buscan mejorar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, habrían sido utilizados indebidamente para cubrir deudas previsionales de funcionarios. Este hecho ha generado preocupación, ya que impacta directamente en los alumnos más vulnerables del sistema educativo.
“El desvío de fondos destinados a los niños con necesidades especiales es inaceptable. Estos recursos deben ser utilizados exclusivamente para apoyar su aprendizaje y desarrollo, no para solucionar problemas administrativos”, afirmó la concejala Mónica Neira.
El requerimiento presentado a Contraloría busca establecer responsabilidades administrativas y, de ser necesario, penales. Ambos concejales enfatizaron que la ciudadanía merece una gestión transparente y eficiente. “Esto no puede quedar en la impunidad. Quilpué necesita garantías de que estas irregularidades no volverán a repetirse”, señaló Aranda.
La situación ocurre en un contexto de creciente descontento social, reflejado en recientes manifestaciones de profesores en el edificio consistorial, quienes exigen el pago de sus remuneraciones y una solución definitiva a la crisis administrativa.
La investigación por parte de la Contraloría será clave para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones, en un caso que pone en tela de juicio la gestión de la CMQ y la confianza en las instituciones locales.
