Un adolescente, en tanto, deberá cumplir cinco años de internación en régimen cerrado por su participación en el crimen del estudiante de 16 años, ocurrido en octubre de 2025 en pleno centro de la Ciudad Jardín.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a un hombre a 20 años de presidio efectivo por el homicidio calificado de un estudiante de 16 años, mientras que un adolescente involucrado en el mismo hecho recibió una pena de cinco años de internación en régimen cerrado.
Según estableció el tribunal en un fallo unánime, el crimen ocurrió durante la tarde del 16 de octubre de 2025, en las inmediaciones del liceo Guillermo Rivera, ubicado en calle Álvarez, en pleno centro de Viña del Mar. En ese momento, el escolar se encontraba sentado en una banca frente al establecimiento educacional.
De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, ambos condenados llegaron hasta el lugar portando armas blancas y abordaron al estudiante. En ese contexto, el adolescente lo habría sujetado por la espalda, mientras el adulto le propinó múltiples heridas con un arma cortopunzante, principalmente en las piernas y el tórax.
Tras el ataque, el joven logró desplazarse algunos metros con la intención de alejarse del lugar, aunque finalmente cayó en la vía pública producto de la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke.
Sin embargo, pese a la atención médica, el estudiante falleció en el recinto asistencial a causa de un paro cardíaco provocado por un shock hemorrágico derivado de una herida penetrante en el tórax.
Por estos hechos, el tribunal impuso al condenado adulto, además de los 20 años de cárcel, las penas accesorias correspondientes, entre ellas la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y para ejercer derechos políticos, además de la inhabilitación absoluta para desempeñar profesiones titulares durante el periodo de la condena.
Finalmente, una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se ordenó la toma de muestras biológicas al condenado adulto para obtener su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.
